Abertis estudia recurrir al Constitucional y a la Justicia europea la decisión del Supremo sobre la AP-7

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Abertis está analizando recurrir al Tribunal Constitucional o a los tribunales de la Unión Europea la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba la indemnización por parte del Estado de 4.000 millones de euros por unas obras realizadas en la AP-7 en 2006.

Así lo ha trasladado la dirección de ACS, la empresa presidida por Florentino Pérez propietaria del 50% de Abertis, en una reunión con analistas para explicar las implicaciones que tiene esta resolución negativa para sus intereses, señalando que la opción de acudir a la Justicia europea será más factible.

Los directivos de la constructora defienden que, en términos económicos, la decisión no tiene un gran impacto ni en las cuentas de Abertis ni en las de ACS, por lo que el dividendo de 600 millones de euros previsto para este año tampoco se verá afectado.

También han avanzado que están estudiando nuevas oportunidades de inversión, suficientes para sustituir parte del resultado bruto de explotación (Ebitda) que ha perdido por el vencimiento de varias concesiones en los últimos años y el impuesto aprobado en Francia a los operadores de autopistas.

Asimismo, mantiene los planes en relación al crecimiento inorgánico, analizando tanto oportunidades que no precisarían ampliación de capital por parte de los accionistas como algunas que sí, según explica un análisis de Banco Sabadell.

Por otra parte, la directiva de ACS ha confirmado que Elliot, el fondo con el que comparte al 50% la minera australiana Thiess, estaría interesado en ejercitar la opción de venta que tiene sobre su participación y que ya están en conversaciones para que se realice en varias fases.

En cualquier caso, la operación supondría que ACS volvería a consolidar Thiess globalmente, lo que implica incrementar su Ebitda en unos 1.000 millones de euros y la deuda financiera neta en otros 1.000 millones, aunque esto no tendrá impacto en su rating, ya que las agencias de calificación ya estaban considerando en sus análisis el desembolso a realizar de unos 800 millones de euros.