MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha advertido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de que el Banco de España no ha aportado la totalidad de la documentación que le reclamó el magistrado relativa al cargo contra las reservas de los deterioros existentes al cierre del ejercicio 2010 en la fusión de las cajas que dió lugar al Banco Finaciero y de Ahorros, matriz de Bankia.
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción 4, la CIC explica que el magistrado reclamó el acta de reunión de la Comisión Ejecutiva del BdE celebrada el 29 de diciembre de 2010, así como el expediente completo, inclusive los informes técnicos y jurídicos que hubieran sido emitidos por los distintos servicios de la institución.
Estos informes justificaron la carta remitida a Caja Madrid ese mismo día autorizando a dicha entidad y a las restantes cajas de ahorro cuya unión dió lugar a BFA el cargo contra reservas de todos los deterioros existentes al cierre del ejercicio 2010, y daba respuesta a la consulta de Caja Madrid sobre la interpretación de determinadas disposiciones.
Los peritos judiciales consideraron como una "anomalía contable" esta "maniobra" --recuerda la CIC-- que precisa que de este modo se consumió el 50,6 por ciento del patrimonio conjunto de las cajas contabilizado hasta 2009, 15.046 millones de euros en total.
CERTIFICADO PARCIAL
Según precisa el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo supervisor bancario no ha aportado la copia del acta de la citada reunión, sino "un certificado parcial de la misma" que incluye el texto literal del acuerdo, pero que omite indicar los asistentes a dicha reunión, la propuesta que se sometió a votación, el resumen del debate suscitado y el sentido de la votación de cada uno de sus miembros, tal y como ha de reflejar el acta de la referida sesión de la Comisión Ejecutiva.
Tampoco consta en el expediente remitido informe jurídico de ningún tipo, tal y como recoge el artículo 9 del Reglamento Interno del Banco de España (RIBE), aprobado en virtud de la Resolución de 28 de marzo de 2000 del Consejo de Gobierno del Banco de España, publicado en el BOE del 6 de abril del referido año.
La CIC se pregunta cómo es posible que "una documentación tan importante no fuera remitida por el Banco de España al aportar toda la información relativa a la supervisión de las cajas de ahorros que dieron lugar a BFA-Bankia.