MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, como la acreditación de inversiones y finalización de obras derivadas del Fondo Estatal de Inversión Local debido a los retrasos que ha provocado la mala climatología de los últimos meses, adoptadas con la finalidad de reducir las consecuencias de la crisis sobre los ciudadanos y empresas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes esta serie de medidas. En concreto, ante esta situación, no imputable a la Administración, el Gobierno amplía el plazo de prórroga en la ejecución de las obras, previa petición de los ayuntamientos afectados, desde los seis meses inicialmente previstos hasta doce meses.
Según el Gobierno, el hecho de que muchos ayuntamientos se encuentren ya próximos a la conclusión del plazo de prórroga, unido a la necesidad de que conozcan con la antelación necesaria ante de que finalice dicho plazo la posible ampliación del mismo, justifica la prórroga.
Por otro lado, según el Real Decreto aprobado, la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto no podrá exceder de 300.000 euros si es de forma excepcional y porque ha sido sometido a justificación y autorización del juez.
En concreto, en los procesos concursales, la base para regular los derechos que se devenguen serán la mitad del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal. Cuando el número de acreedores que figure en la lista fuera superior a trescientos, la base de cálculo se elevará al 60% del pasivo.
EVITAR DISOLUCIÓN DE EMPRESAS.
También en virtud de este Real Decreto, el Gobierno amplía durante dos años más la modificación legal introducida a finales de 2008 para evitar la disolución de empresas que registren patrimonio negativo.
Esta medida "ya ha amortiguado la crisis en determinadas empresas", según el Gobierno. Entre las sociedades que se han acogido a esta excepción legal figura Martinsa Fadesa, inmobiliaria que en julio de 2008 protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española.
En concreto, el Consejo de Ministros convino en prorrogar durante dos años el cómputo de pérdidas de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en los casos de reducción de capital social y de disolución. Con esta ampliación se busca "evitar que esas compañías puedan entrar en pérdidas por imputar pérdidas en ejercicio correspondiente".
Para el ejecutivo, "la situación de la actividad económica internacional y de las pérdidas por deterioro en determinadas empresas motivan la ampliación por dos nuevos ejercicios sociales de la norma anterior sobre cómputo de pérdidas, únicamente para los casos de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y de las existencias".
EVITAR QUIEBRA DE AUTOPISTAS.
Otra de las medidas incluidas en el Real Decreto busca asimismo garantizar el equilibrio económico-financiero de las sociedades concesiones de autopistas de peaje y evitar así riesgo de eventual quiebra.
En este caso, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2010 el plazo inicial de tres meses establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para finalizar los procedimientos de reclamación por obras adicionales presentados por sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
Dicha Ley establecía la posibilidad de que, con carácter excepcional, pudiera compensarse a estas empresas por las obras adicionales ya ejecutadas y que no estaban previstas en los proyectos iniciales de la concesión.
Según el Gobierno, la ampliación del plazo responde a la "complejidad de los estudios necesarios para adoptar las medidas de reequilibrio y las diferentes circunstancias de las concesiones de autopistas de peaje afectadas".