¿Qué es el arbitraje obligatorio?

MADRID, 18 Ago. (EDIZIONES) -

Estas últimas semanas, una de las noticias más destacadas ha girado en torno al conflicto en el aeropuerto de El Prat que enfrenta al grupo Eulen y a sus trabajadores. Para atajar una situación que ha provocado colas y esperas en uno de los principales aeropuertos del país, el Gobierno acordaba en el Consejo de Ministros extraordinario, celebrado el pasado miércoles, establecer un arbitraje obligatorio, una figura que ya se ha utilizado en varias ocasiones.

El arbitraje obligatorio se trata de una medida para poner fin a las huelgas regulada en el artículo 10 del Real Decreto-ley de 1977 sobre relaciones de trabajo. Sin embargo, el artículo incluye algunas condiciones para articular esta alternativa: el Gobierno "teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga" y "el perjucio grave de la economía nacional" puede "acordar la reanudación de la actividad laboral" mediante "el establecimiento de un arbitraje obligatorio", como sucedería en el caso que afecta a los trabajadores de seguridad de la empresa Eulen en el aeropuerto catalán.

En este sentido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sostuvo durante el Consejo de Ministros extraordinario, que el Gobierno ha optado por esta medida cuando ya "no había otra vía, desde el punto de vista legal", y desde el "más respeto escrupuloso" al derecho de huelga.

¿CÓMO FUNCIONA?

Activada esta medida, el Gobierno notifica a las partes en conflicto la posibilidad de acordar un árbitro de mutuo acuerdo y poner fin al conflicto y a la huelga. En el caso de que las dos partes implicadas no lleguen a un pacto para consensuar un árbitro, será el Gobierno el encargado de designarlo o la forma de designado.

En el conflicto de El Prat, a fin de garantizar la imparcialidad del árbitro, Fomento ha presentado a las partes el nombre de la persona a designar, Marcos Peña, y aquellas podrán realizar en un plazo de 24 horas cuantas alegaciones estimen oportunas. Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), ya actuó como mediador --no como árbitro-- en el reciente conflicto de la estiba.

Una vez designado el árbitro, éste tendrá que dictar su decisión, de obligado cumplimiento para las partes, en un plazo también determinado por el Gobierno. En este caso, será de 10 días naturales desde la fecha de su designación. Sin embargo, las decisiones del árbrito pueden recurrirse y que, finalmente, se declare nulo el laudo arbitral.

OTROS CASOS

No es la primera vez que se utiliza esta medida para solucionar conflictos laborales. Tras la restauración de la democracia en España, la primera vez que se impuso un arbitraje obligatorio fue en el verano de 1981, cuando la Dirección General de Trabajo lo utilizó para acabar con la huelga de gasolineras que, junto a otra convocada por pilotos de Iberia, incidía en los movimientos estivales de viajeros.

Los pilotos de Iberia fueron los protagonistas del siguiente laudo. Ocurrió en julio de 1984, cuando respondieron al anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa, y que fue retirado días después del arbitraje impuesto.

La potestad para promover un laudo también puede corresponder a gobiernos autonómicos como la Generalitat de Cataluña, que en septiembre de 1988 dictó uno para acabar con los retrasos en las obras para los Juegos Olímpicos de Barcelona que había generado el conflicto entre patronal y sindicatos del sector de la construcción.

En 1996, la Generalitat también recurrió a un laudo para acabar con una huelga indefinida en el sector de la limpieza. Algo similar a lo ocurrido en el País Vasco en 1993. El Gobierno vasco también ordenó un arbitraje en 1994 para poner fin a una huelga de 22 días en la empresa Transportes Colectivos (TCSA) de Bilbao.

El sector de los transportes ha sido históricamente el que ha provocado más arbitrajes obligatorios. En 1992, el Consejo de Ministros lo impuso para el conflicto de limpieza en el Metro de Madrid y el Aeropuerto de Madrid-Barajas tras una huelga de 23 días.

Y dentro de los transportes, el sector aéreo acapara el mayor número de laudos; en concreto, son los trabajadores de la aerolínea Iberia los que más veces han tenido que acatar los arbitrajes. Ocurrió en 2001 cuando negociaban el convenio con la empresa, lo que provocó suspensiones de vuelos, y también en 2012 tras la creación de su filial de bajo coste Iberia Express por un conflicto con sus pilotos. Un año antes, en 2011, el exministro de Trabajo Manuel Pimentel arbitró en el conflicto entre Aena y los controladores aéreos.