Atlantia avanza en la venta de sus autopistas italianas y valorará una nueva oferta del Gobierno

Una de las autopistas que Atlantia tiene en Italia a través de Autostrade
Una de las autopistas que Atlantia tiene en Italia a través de Autostrade - AUTOSTRADE - Archivo
Publicado: martes, 29 diciembre 2020 17:49


MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Atlantia analizará una nueva propuesta económica lanzada por el Gobierno italiano, junto con los fondos de inversión Blackstone y Macquarie, lo que supone un primer avance para aceptar la operación de venta de sus autopistas, que lleva atascada desde el pasado verano.

La firma concesionaria controlada por la familia Benetton ha emitido un comunicado en el que afirma que esta nueva propuesta todavía se encuentra inmersa en un proceso de diligencia que se extenderá hasta finales del próximo mes de enero.

Por el momento, Atlantia ha manifestado que la oferta se encuentra aún por debajo de sus expectativas, aunque constatando que la intención del consorcio participado por el Ejecutivo es alcanzar un futuro acuerdo de compra.

Mientras la compañía sigue analizando todas las posibilidades de acuerdo con el Gobierno para la venta del 88% del capital de Autostrade per l'Italia (ASPI), la filial con la que Atlantia mantiene las autopistas italianas, la firma celebrará una junta de accionistas extraordinaria el próximo 15 de enero.

Atlantia ya ha comenzado así a recurrir a un 'plan b' para desinvertir su participación en las autopistas, un proceso en el que había llegado a un acuerdo con el Ejecutivo italiano como consecuencia del desplome del puente de una autopista en Génova en el verano de 2018.

El consejo de administración ya ha aprobado la escisión del 33% del capital de ASPI y la transferencia del 55% restante --Atlantia controla el 88% de la compañía-- a su filial de reciente creación Autostrade Concessioni e Costruzioni, con el objetivo de colocar esta última participación en el mercado.

La compañía ya ha rechazado dos veces las ofertas que realizó el Gobierno junto con los dos fondos de inversión, argumentando que no reflejaban el verdadero valor de mercado de sus activos.

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