MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes, 20 de septiembre, la entrada en concurso de acreedores de las empresas propietarias de los centros de depilación láser y medicina estética Único.
En concreto, las compañías concursadas son la Gavia Asesores, la Gavia Asesores Médico, Mosea Investments, la Gavia Asesores Ayala y la Gavia Tenerife, la Gavia Londres.
En este contexto, las empresas han reconocido tener un total de 115 centros de depilación láser y medicina estética bajo la marca Único repartidos por todo el territorio nacional, de los cuáles el 78% son propios y el 22% de franquiciados, según ha informado Facua-Consumidores en Acción en un comunicado.
De momento, este concurso de acreedores afecta solo a los centros propios, por lo que podría haber franquicias que puedan seguir abiertas ofreciendo sus servicios.
Con todo, Facua aconseja a los afectados que identifiquen en sus contratos con cuál de estas empresas realizaron la contratación.
DECLARADO CONCURSO VOLUNTARIO
El Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid, en un edicto del pasado 13 de septiembre, declaró el concurso voluntario de los centros de depilación Único y acordó la disolución de las sociedades, así como el cese de los administradores de las mercantiles quienes son sustituidos, a todos los efectos, por la administración concursal.
De este modo, los acreedores tienen un mes de plazo a partir de mañana, 21 de septiembre, para comunicar a la administración concursal los créditos --las cantidades pagadas y no disfrutas en tratamientos-- que tuviesen con los centros Único.
En este contexto, Facua ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula este tipo de clínicas para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación.
Así, apunta la que, a su juicio, debería ser la medida "más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía", ha señalado la organización.
ADVERTENCIA DE LA OCU
Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aconsejado a los afectados recopilar la información sobre el tratamiento contratado y dirigirse a la administración concursal antes del 10 de octubre, y si hubiera algún crédito vinculado, también a la entidad financiera.
Con todo, la OCU ha reclamado que se tomen medidas para evitar que queden desprotegidos los usuarios ante casos como estos, con unna mejor regulación de la prestación de estos servicios que garanticen los derechos de los usuarios en casos de cierre, entre otras cuestiones.
ADICAE SE SUMA A LA DEFENSA DE LOS AFECTADOS
La Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) se ha sumado a la defensa de todos aquellos afectados por el cierre de los centros Único, como hizo anteriormente con los centros Ideal.
Los consumidores que hayan financiado el tratamiento a través de un préstamo vinculado podrán pedir a la financiera con la que han suscrito el crédito, la "inmediata" paralización del mismo y la devolución del importe abonado por servicios no prestados, siempre que se haya dejado de prestar de forma efectiva el servicio y se haya reclamado previamente de forma judicial o extrajudicial a centros Único.
Los consumidores que hayan financiado el tratamiento con un préstamo personal no vinculado deberán avisar a la entidad financiera para modificar el contrato y evaluar el pago de las cuotas pendientes.
Finalmente, los que pagaron el tratamiento por adelantado, sin recurrir a financiación, tendrán que solicitar judicialmente la devolución de los importes correspondientes a los servicios no realizados. En estos casos, será fundamental contar con toda la documentación que acredite los pagos realizados y los tratamientos pendientes de ejecución.
Adicae reitera su compromiso en la defensa de los derechos de los consumidores y hace un llamamiento para que ningún damnificado se quede sin reclamar, al tiempo que se ha puesto a disposición de todos los afectados para ofrecer orientación y asesoramiento legal y acompañar a los usuarios afectados en todo el proceso de reclamación.
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