MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha avanzado que la bonificación del trabajo a tiempo parcial que incluirá el plan de choque del empleo podría generar hasta 100.000 puestos, con una jornada mínima del 50%, durante el año de vigencia.
En un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Prensa Económica (APIE), explicó que de acuerdo con este plan de choque, que el Gobierno está ultimando con los agentes sociales en el marco de la reforma de las políticas activas de empleo, se eximirá a las pymes del pago de cotizaciones, y del 75% en el caso del resto.
Según concretó, la reducción de las cotizaciones será de como mínimo seis meses cuando el contrato a tiempo parcial sea temporal y hasta un año cuando se trate de uno indefinido. En este punto, la secretaria de Estado de Trabajo indicó que la medida incluye un incentivo del empleo temporal que podría interpretarse como una incoherencia frente a las pretensiones de la reforma laboral, pero que responde al carácter de "cortísimo plazo" del plan.
De hecho, resaltó que el plan se denomina de 'tránsito hacia el empleo estable' y reconoce que aquellas empresas que contraten a tiempo parcial a una persona podrán beneficiarse de las bonificaciones a la conversión al contrato de fomento del empleo que contempla la reforma laboral.
Además, las secretaria de Estado de Empleo resaltó que la reforma de las políticas activas de empleo contempla "por primera vez" que los servicios públicos de empleo ofrezcan servicios a las empresas.
AYUDA DE ENTORNO A 400 EUROS
En cuanto a la ayuda de "entorno a 400 euros" vinculada a la formación, que es la segunda pata del pacto sobre políticas activas y que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero, Rodríguez explicó que introduce como novedades el reconocimiento de esta ayuda como derecho de los trabajadores y su carácter nacional.
Ello significa que su coste correrá a cargo del Estado y cubrirá a todos aquellos desempleados sin recursos, especialmente jóvenes y parados de larga duración. Al mismo tiempo, aclaró Rodríguez, no supondrá un coste adicional para las comunidades autónomas, aunque éstas tendrán que reservar una cuota de orientadores y de acciones formativas para estos desempleados.