BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)
La comisaria de Competencia, Margrete Vestager, ha avisado este martes de que no podrá cumplir con el plazo al que se comprometió para cerrar esta primavera los cinco primeros expedientes sobre la legalidad de acuerdos fiscales ventajosos con multinacionales (los de Luxemburgo con Amazon y Fiat, el de Irlanda con Apple, el de Holanda con Starbucks y otro en Bélgica), debido a las dificultades para recabar la información necesaria en la investigación.
"Es difícil recabar la información, lleva tiempo, y no siempre recibimos lo que pedimos. Ni la primera vez que lo pedimos, ni la segunda", ha lamentado la comisaria en su comparecencia ante la comisión especial sobre resoluciones fiscales del Parlamento Europeo.
"No podemos cumplir con el plazo que nos habíamos impuesto (...). Lo más importante es ser justos, no quiero dar una fecha límite para ultimar estos casos", ha advertido Vestager, en referencia al plan inicial de tomar una decisión en el segundo trimestre de este año.
En este sentido, la comisaria ha revelado que aún hay tres Estados miembros (Polonia, Estonia y República Checa) "que no han respondido" a la petición de información detallada de Bruselas desde que en diciembre iniciara las investigaciones, "prueba de que la tarea no está siendo fácil".
Además de los cinco primeros casos mencionados, el Ejecutivo comunitario tiene entre manos "65 casos, que afectan a quince países", y Vestager ha querido dejar claro que dispone de instrumentos "poderosos" para presionar a los gobiernos para que colaboren como la apertura de expedientes y, "en última instancia, sanciones".
En cualquier caso, la comisaria ha querido dar garantías a los eurodiputados de los "esfuerzos" para avanzar en la investigación y resolver los expedientes "lo antes posible", para lo que ha movilizado todos los medios disponibles.
Además, ha confirmado que ha recibido quejas de sindicatos sobre un posible nuevo caso que afectaría a la cadena de comida rápida McDonalds por ventajas fiscales en Luxemburgo. Una información que está "examinando" antes de decidir si debe iniciar un expediente o no.
La política danesa se ha quejado del "gran secretismo" en materia de resoluciones fiscales y de la "muy poca información" que hay disponible sobre los acuerdos que Estados miembros han cerrado con empresas particulares o sectores.
También ha asegurado que las normas sobre ayudas públicas son un buen instrumento para que el Ejecutivo comunitario pueda investigar si se han dado ventajas ilegales a las compañías para minimizar el pago de impuestos en Europa, si bien ha concedido que tienen "sus límites" y ha apostado por un mejor intercambio de información.
La comisaria ha evitado en todo momento referirse por su nombre a las empresas o países investigados, aduciendo la necesidad de proteger los derechos y la confidencialidad de las compañías investigadas, cuyos acuerdos pueden ser "razonables y justos, o no". Por ello se revisará "caso por caso" y se evitarán decisiones generalizadas.
De cara a las medidas en las que trabaja su departamento para cambiar las normas y mejorar la lucha contra el fraude fiscal, la comisaria ha insistido en la necesidad de contar con un sistema de "intercambio automático" de información con los Estados miembros y entre ellos, para cumplir con un examen "más transparente" y "más eficiente".
También se ha comprometido a trabajar para que las investigaciones que lleve a cabo la Comisión Europea sean "rápidas y justas", al tiempo que se ha mostrado partidaria de contar con "una base imponible consolidada, común" para el impuesto de sociedades en la Unión Europea.