Bustinduy desvela el interés de varios países por las sanciones a las 'low cost' que cobran equipaje de mano

Considera que Bruselas puede endurecer aún más las normativas a la hora de aplicarlas contra las compañías

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que "varios países europeos" se han interesado en la multa de 179 millones a cinco 'low cost', que cobran por el equipaje de mano, al solicitar documentación del expediente.

Así lo ha expresado en declaraciones a Catalunya Radio, en las que ha destacado que es "un motivo de orgullo" que la acción del Gobierno español sea "referente" en esta materia. "Durante décadas, nos hemos acostumbrado a que las multinacionales puedan imponer las condiciones y las reglas del mercado", ha lamentado.

El pasado 20 de marzo y tras una reunión con la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés) en Madrid, el Ministerio aseguró recibir el apoyo de organizaciones de consumidores de 31 países europeos por la multa de 179 millones a cinco aerolíneas 'low cost' --Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea-- que cobran por el equipaje de mano, entre otras prácticas consideradas "abusivas".

Ese día, Bunstinduy agradeció el apoyo del BEUC y añadió que cada vez se suman más denuncias en países europeos por este tipo de prácticas, lo que denota la "preocupación creciente" que hay en el continente sobre la defensa de los consumidores.

De vuelta con su intervención de este viernes, el titular de Consumo cree que Bruselas puede endurecer aún más las normativas a la hora de aplicarlas contra las compañías. En esta línea, ha afirmado que la Agenda de los Derechos del Consumidor está por desarrollar, sobre todo en referencia al ámbito digital.

Preguntado sobre la demanda de las grandes aerolíneas para rebajar las actuales normativas u objetivos medioambientales por el contexto económico y de incertidumbre por los aranceles, Bustinduy ha respondido tajantemente que "no hay que ceder un sólo milímetro".

"La transición ecológica es una revolución industrial y no puede esperar. No es accesoria y no es un capricho, sino que es una condición de posibilidad para que nuestros propios sistemas económicos sean viables en el medio plazo", ha defendido.

También ha asegurado que "hay intereses muy poderosos intentando desmantelar la agenda 2030, añadiendo que se necesita un nuevo régimen de protección: "tiene que ir de la mano con una transformación del estado del bienestar también".