CC.OO. exige a Deliveroo "plenas garantías" para los 4.000 trabajadores afectados por su marcha de España

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha exigido a Deliveroo "plenas garantías" para los 4.000 trabajadores afectados, en su gran mayoría como 'riders' bajo la figura de falso autónomo, por su marcha de España, una decisión que "obedece exclusivamente a una estrategia de mercado y a su falta de rentabilidad", según ha informado este viernes.

En concreto, el sindicato ha reclamado que el impacto en términos laborales sobre dichos empleados se afronte reconociendo su estatus laboral "como así han señalado múltiples actas de Inspección de Trabajo y sentencias de los tribunales españoles".

El sindicato -que ya ejerció como asesor de los trabajadores en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en dicha empresa en 2020- se ha puesto a disposición de la plantilla afectada de cara al periodo de consulta que Deliveroo ha anunciado para septiembre, y que "más allá del eufemismo que deberá aclararse por la propia empresa, entendemos como el periodo de consultas preceptivo de un procedimiento de despido colectivo".

El sindicato ha subrayado que existen otras plataformas de reparto presentes en territorio español que son rentables económicamente y cumplen con la legislación laboral.

Asimismo, CC.OO. ha reclamado al Gobierno una "especial" implicación con el cumplimiento y despliegue del Real Decreto-ley 9/2021 del 11 de mayo, la conocida como 'Ley Rider', por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

En este sentido, el sindicato ha expresado su preocupación ante el anuncio de Glovo de su intención de "desobedecer" la ley y seguir operando sin garantizar la laboralidad y, por tanto, sin respetar los derechos tanto individuales como colectivos de una mayoría de sus repartidores.

Ante esta situación, CC.OO. ha exigido un impulso "decidido", desde la acción legislativa e inspectora, para garantizar la laboralidad de las personas trabajadoras de las plataformas digitales de reparto.