Claves para entender todo lo que está pasando con los estibadores

MADRID, 15 Feb. (EDIZIONES) -

Los estibadores anunciaron huelgas por la intención del Gobierno de liberalizar el sector en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo. Tras varias reuniones con el Gobierno en las que no se logró acuerdo y el aviso de más movilizaciones, los sindicatos han vuelto a convocar huelgas para días alternos que durarán desde el 17  hasta el 24 de marzo.

El Gobierno, siguiendo con las fechas que había establecido para el proceso, ha anunciado la aprobación de la reforma asegurando que las reivindicaciones de los trabajadores no pueden recogerse por ley ya que no cumplen con el dictamen europeo. No obstante, este real decreto ley requiere la convalidación en el Congreso, a dónde llegará mañana, lugar en el que los grupos parlamentarios pueden rechazarlo o plantear enmiendas.

Antes de la aprobación del Real Decreto, Fomento se había retirado de las negociaciones con el sector, un tema que queda en manos de un posible pacto entre la patronal (Anesco) y los sindicatos, un acuerdo que los trabajadores descartan lograr antes del paso del Decreto por el Congreso el próximo jueves.

Pero, ¿qué ha causado las protestas de colectivo portuario?

UNA SENTENCIA DEL TJUE

El Gobierno ha mostrado su intención de acatar la sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014 que obliga al Reino de España a liberalizar por completo el sector en un plazo máximo de 3 años, por considerar que las condiciones actuales de la estiba en España incumplen las normas comunitarias.

Ante la falta de aplicación, el 13 de julio de 2016 la Comisión Europea interpuso un recurso por este asunto ante el Tribunal Europeo del que todavía se espera sentencia.

EL MODELO QUE HABÍA HASTA EL MOMENTO

Hasta el momento, el sector de la estiba se organiza a partir de las Sagep, una serie de sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios que tienen por objetivo social la gestión de la puesta a disposición de sus accionistas de los trabajadores contratados por ellas. 

Esto implica que cualquier empresa autorizada para trabajar en el sector debe, obligatoriamente, convertirse en accionista de la Sagep del puerto en el que labore.

Así, las empresas estibadoras deben contar con al menos un 25% de trabajadores propios, que han de ser obligatoriamente contratados a través de la Sagep de su puerto, y el restante, aproximadamente el 75%, son empleados cedidos por la propia Sagep de manera temporal para atender las puntas de trabajo en el sector que tienen una relación laboral de carácter especial con la Sagep.

Según el último censo facilitado por el Ministerio de Fomento, el total de trabajadores en régimen especial incluidos en las Sagep era en diciembre de 2014 de 6.156 empleados, siendo los puertos de Valencia, con 1.301 trabajadores; Barcelona, con 1.055, y Bahía de Algeciras, con 1.534, los que más estibadores tienen en esta situación laboral.

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El salario medio anual de un estibador puede alcanzar los 60.000 euros anuales y, dada la peculiaridad del trabajo de la estiba (solo se trabaja cuando llegan o salen barcos), suelen realizar de forma efectiva el 75% de su jornada laboral.

LOS CAMBIOS QUE ESTABLECE LA REFORMA

La reforma, que pretende liberalizar el sector, busca también reducir los costes de la estiba, que suponen más de la mitad (entre el 55% y el 56%) del coste total de la manipulación de mercancías en los puertos, por encima de otros países como Alemania (de entre el 37% y el 40%).

Para ello, la propuesta del Ministerio dirigido por Iñigo de la Serna pasa por reestructurar las Sagep que deberán pasar a regularse como empresas de Trabajo Temporal (ETT) o extinguirse en un plazo máximo de tres años.

Se creará como mínimo un núcleo estable de estibadores en cada puerto, pudiendo existir más de uno en cada localización. Estos se regularán también conforme a la legislación de las ETT.

En cuanto a los trabajadores, la reforma de Fomento establece que los trabajadores con contrato en vigor con las Sagep que se extinga por cualquier causa, no podrán volver a ser contratados por estas hasta que no se constituyan como ETT.

El plan también establece que las empresas estibadoras que operen en los puertos españoles, sean o no socias de las Sagep, cubran sus puestos vacantes con trabajadores provenientes de estas siguiendo los siguientes porcentajes: 75% de los empleados totales el primer año tras la aprobación de la reforma, 50% el segundo año y 25% el tercero.

Así, la empresas del sector podrán disponer de los estibadores que precisen a través de la contratación directa, la cesión temporal por los centros portuarios de empleo y por la cesión temporal por las propias ETT.

Además, la nueva regulación obligará a los estibadores a contar necesariamente con titulación de formación profesional, grado medio o superior o certificado de profesionalidad habilitante para la estiba.

Estos requisitos no serán exigibles para aquellos trabajadores que acrediten 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías en cualquier estado miembro de la UE.

LO QUE PIDEN LOS ESTIBADORES

La articulación de un registro de estibadores es el principal escollo de los trabajadores. Se trata de la principal reivindicación sindical, dado que lo contempla como una vía para garantizar sus empleos y sus condiciones laborales.

Además los estibadores mantienen que su reivindicación de lograr que se garantice la formación y los empleos de los estibadores no es contraria al derecho europeo, por eso por el momento, los estibadores consideran "absolutamente inadmisible" el texto actual, al considerar que "supone un despido masivo de trabajadores subvencionado con fondos públicos" y una vía de "precariedad y desregulación laboral".

Según explicó el coordinador general de la Coordinadora de estibadores, Antolín Goya, en rueda de prensa el pasado 8 de febrero, los trabajadores y la patronal habían trabajado en un documento conjunto de reforma del sector, con el fin de cumplir con lo que requiere la normativa comunitaria y con una sentencia del Tribunal Europeo que puede derivar en una sanción para España.

No obstante, el colectivo denuncia que justo antes de la ratificación del documento en la asamblea de la patronal de la estiba Anesco, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "de manera autoritaria", informó "sin ningún documento" de que tiene preparado y es "inminente" un Decreto Ley que regulará esta actividad.

QUÉ PASA SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS EUROPEAS

El recurso del TJUE propone, a la espera de que se dicte sentencia, una sanción correctiva a España por la cantidad de 134.107,2 euros por día de retraso en la ejecución de la sentencia del 11 de diciembre de 2014.

Además, la propuesta de la Comisión pasa por que España abone también una multa por la cantidad resultante de multiplicar 27.522 euros diarios por el número de días de persistencia de la infracción hasta que se dicte sentencia de dicho recurso o se acate por completo lo dictaminado en la primera resolución. Solo en este aspecto, hasta principios de febrero de 2016, España acumulaba una multa de 21,5 millones.