El comité de La Naval dice que ni la compra de activos ni entrar en el accionariado son ayudas de Estado

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El informe jurídico de expertos en Competencia encargado por el comité de La Naval concluye que ni la compra de activos del astillero a la administración concursal por parte de los gobiernos central y vasco ni la aportación de dinero para una empresa con capital público serían consideradas ayudas de Estado por parte de la Unión Europea siempre que "siga el principio del inversor privado en una economía de mercado", bien aportando dinero en paralelo o a posteriori en forma de aumento de capital, inyección de liquidez o de préstamos a empresa pública.

El estudio también sostiene que "relanzar la actividad de La Naval es posible con una nueva empresa con capital público "si la inversión privada sigue siendo significativa y asume un riesgo superior a la pública o si la inversión pública se ve acompañada de compensaciones o garantías de retorno". También en el caso de no haber garantías de retorno, la aportación pública superior a la privada se podría dar "si los gobiernos pueden demostrar que un inversor privado hubiera actuado de manera idéntica en una economía de mercado".

El informe solicitado por el comité plantea la posibilidad de presencia de inversores públicos en dos aspectos y dos campos diferenciados. Por un lado, considera "factible" la compra de activos de La Naval como "terrenos, construcciones e instalaciones" a la administración concursal porque "no constituiría en si misma ayuda de Estado al no implicar transferencia de recursos a la empresa".

Por otro, considera posible la aportación pública de recursos financieros para cubrir gastos de funcionamiento en una empresa con capital público y, por tanto, "el Gobierno de España (PSOE), Gobierno Vasco (PNV y PSE) y la Diputación Foral de Vizcaya (PNV y PSE) pueden presentar tanto una propuesta de compra y adquirir los principales activos de La Naval como, en paralelo, plantear la compra de los activos para la construcción de la draga B-347 y dar continuidad a su construcción en Sestao durante 20 meses".

Asimismo se podrían comprar los activos necesarios para proseguir con la construcción de la draga que permanece paralizada en el astillero "en el marco de una negociación en funcionamiento para dar continuidad a su construcción a cargo de una empresa en funcionamiento como Navantia, del grupo SEPI, o un inversor privado de acompañamiento".

El estudio aconseja en todo caso que "se debería analizar dentro del régimen europeo de ayudas la aportación de fondos públicos para retomar o relanzar la actividad si se hace en igualdad de condiciones con el inversor privado, tal y como impone la Comisión Europea".

A juicio del secretario del comité e integrante del sindicato CAT, Juanjo Llordén, "es posible plantear hoy mismo el relanzamiento de la actividad de la Naval como empresa pública con unos porcentajes de 70% público- 30% privado o 60-40%", lo que significa, en su opinión, que "los gobiernos pueden tomar la iniciativa poniéndose al frente de esta nueva empresa buscando uno o varios accionistas privados de acompañamiento".

La cuestión radica, según ha considerado Llordén, en que "si realmente los gobiernos tienen voluntad política de mantener la actividad de La Naval y la industria de la Margen Izquierda no tienen excusa legal europea que lo impida ni cortapisas para tomar la iniciativa que hace ya muchos meses deberían de haber tomado".

El informe encargado recuerda que existe a día de hoy "un plan de trabajo de ingeniería y económico-financiero para completar la construcción de un buque como la draga que debería completarse con un plan de viabilidad que prevea las inversiones y la inyección de capital necesarios para asegurar la actividad empresarial a la espera de obtención de nuevos encargos para el astillero.

Tras la elaboración del estudio, el secretario del comité ha recordado que el pasado 11 de octubre todos los grupos políticos del Parlamento vasco, incluidos los del equipo de gobierno, instaron a elaborar un informe que estudie la operación de adquisición del astillero por las administraciones públicas y que articule, junto con el sector privado, una alternativa que garantice la viabilidad industrial y económica de La Naval".

A juicio de Llordén, "a día de hoy, ese informe no se ha realizado por parte del Gobierno Vasco y tampoco ni los gobiernos español ni vasco han trabajado previamente con los posibles inversores ese plan de viabilidad que se considera necesario".

El integrante del comité del astillero ha acusado al Ejecutivo Vasco de "incumplir su compromiso de elaborar un informe jurídico como el que ha encargado el comité" y "hemos tenido que ser los trabajadores quienes lo hemos encargado y presentado ante la inacción del gobierno".