El comité de Tubos Reunidos reclama un plan industrial y un compromiso de inversiones como garantía al empleo

Los trabajadores trasladan a la dirección su rechazo al ERTE que afecta a 600 trabajadores en Amurrio y 400 en Productos Tubulares de Trapagaran

BILBAO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Tubos Reunidos Industriales de Amurrio (TRI) ha reclamado a la dirección de la compañía un plan industrial real, una ampliación de capital y un compromiso de inversiones como garantía para los empleos y como solución para afrontar la situación de la empresa, con una deuda acumulada de 222 millones, según los sindicatos.

Una representación de los trabajadores ha hecho entrega de estas peticiones este jueves en la sede de las oficinas generales de la empresa en Bilbao, mientras en los exteriores tenía lugar una concentración de parte de la plantilla, que han estado acompañados por secciones sindicales de la filial del grupo, Productos Tubulares, situada en Trapagaran.

Ambas plantillas, la de Amurrio, con 600 empleos, y la de Trapagaran, con otros 400, afrontarán a partir de diciembre y enero, respectivamente, sendos ERTEs planteados por las dirección de las dos compañías y a los que se oponen los trabajadores porque se está "poniendo en riesgo el proyecto".

El presidente del comité de Amurrio, Oier Bidaurrazaga, de LAB, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que plantear un ERTE "no es la solución porque en un escenario de viabilidad y continuidad como el actual, sigue habiendo pérdidas, y no entendemos que las únicas medidas sean cargar esta situación únicamente sobre los trabajadores, que no son los responsables de lo ocurrido".

La plantilla ha entregado un comunicado donde denuncian que la situación financiera de TRI tiene su origen en "la mala gestión de los últimos años y la descapitalización de la empresa consecuencia del reparto de dividendos y de una jugada financiera de amortización de acciones".

En ese sentido, Bidaurrazaga ha recordado que "entre los años 2007 y 2016 se repartieron un total de 77,4 millones" entre los accionistas, "sin contar la jugada de ingeniería financiera que se dio en 2008, cuanso se amortizaron acciones llevándose 170 millones que quedaron como deuda en la empresa, y que en la actualidad asciende ya a 222 millones".

"Eso es lo que lastra año tras año la actividad, pese a un Ebidta positivo en los últimos años, salvo en 2016, porque todos los resultados se van en pagar esa deuda acumulada y las pérdidas se generan por las amortizaciones y esa gran deuda pese a que la actividad de la empresa es positiva", ha declarado el secretario del comité, Iñigo Sánchez (ELA).

MEDIDAS COYUNTURALES

El comunicado dirigido al consejo de administración señala que no se pueden permitir que la gestión que se ha realizado en Tubos Reunidos "se intenten solucionar con el desempleo de los trabajadores porque este tipo de medidas coyunturales no solucionan el problema de la deuda".

Los trabajadores de la empresa han trasladado "un mensaje claro a la dirección, que así no. No estamos dispuestos a admitir que se juegue con nuestro futuro porque mientras a la plantilla se le impone un ERTE, que según sus cálculos supondrá un ahorro de 23 millones, "no conocemos petición alguna hacia los accionistas de la compañía".

En relación a los ERTE a aplicar tanto a las plantillas de Tubos Reunidos de Amurrio, a partir del 9 de diciembre, como de Productos Tubulares de Trapagaran, a partir de enero y una vez se cierre el periodo de consultas, ambos expedientes de regulación tienen una duración prevista de 21 meses, hasta finales de febrero de 2020.

El comité de Tubos Reunidos cerró su proceso de consultas este lunes sin llegar a un acuerdo y Productos Tubulares celebrará este viernes la primera reunión para iniciar las negociaciones.

Los sindicatos han denunciado que los 21 meses planteados por la dirección a partir del 1 de junio de 2018, que serían 16 desde este diciembre, han sido fijados basándose, "aparantemente, en los aranceles impuestos por George Bush en 2002, cuya duración fue de 21 meses, por lo que el tiempo que han calculado, en el supuesto de que Trump siga las directrices de su antecesor sería de esos 21 meses entre junio de 2018 y el 29 de febrero de 2020.