MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que prevé la prórroga del Plan Prepara y su renovación automática cada seis meses mientras el desempleo no baje del 20% con los votos a favor de PP, CiU, PNV y UPyD, y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur, BNG y Geroa Bai.
A pesar de que todas estas formaciones se habían ofrecido a cambiar su voto en contra por la abstención si se aceptaba tramitar el decreto como proyecto de ley --petición que han compartido todas las formaciones durante el debate--, finalmente la mayoría absoluta de los 'populares' ha impedido ese trámite.
Por eso, tanto los socialistas como IU-ICV y el resto de izquierda minoritaria han mantenido su 'no', frente al apoyo a la convalidación que han otorgado los nacionalistas catalanes y vascos y UPyD, que considera muy necesario prorrogar estas ayudas a los parados de larga duración que han agotado sus prestaciones, aunque fueran susceptibles de mejora. CC-NC y ERC sí han optado por la abstención.
CAMBIOS EN LAS PEONADAS
El decreto incluye asimismo cambios en el acceso al subsidio por desempleo o la renta agraria para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, que se han visto afectados por el descenso de producción del olivar a consecuencia de la sequía. El Gobierno ha decidido por ello reducir de 35 a 20 las jornadas mínimas cotizadas que son necesarias para poder acceder a este subsidio.
Asimismo, se prevé que se puedan beneficiar de esta medida los trabajadores que hubieran presentado la solicitud del subsidio o de la renta agraria a partir del 1 de septiembre, aunque para ello deberán presentar un nuevo escrito.
Finalmente, el texto incorpora cambios en la reposición de la duración del derecho a la prestación contributiva por desempleo, al ampliarse en un año el plazo para los trabajadores afectados por expedientes de suspensión de contratos (hasta el 31 de diciembre de 2013) y de reducción de jornada (hasta el 31 de diciembre de 2014).
También se amplía hasta fin de año el plazo para efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación, una modalidad de contratación que fue introducida con la reforma laboral y que debía expirar el 12 de febrero.