¿Cuánto dinero debe España realmente y cómo se va a financiar?

   MADRID, 16 Nov. (EDIZIONES) -

   La deuda pública ha superado en septiembre todos sus récords: con la cifra más alta en su historia en torno a 1,17 billones de euros, equivalente casi al 98% del PIB, según los datos publicados por el Banco de España este viernes.

   Para comprender estas cifras es necesario conocer algunos conceptos clave y diferenciar la deuda del déficit, por ejemplo, o saber qué instrumentos de financiación tiene España.

   Comencemos por aclarar qué es la deuda pública. Conocida también como deuda soberana, es el dinero que debe todo el conjunto de las administraciones públicas. En España, esta corresponde a la suma de la deuda del Estado central, de las 17 comunidades autónomas y de las administraciones locales.

   Por ley, el límite de deuda de las administraciones públicas no puede superar el 60% del Producto Interior Bruto, tal y como establece la normativa europea. Asimimo, la ley de 'Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera' contempla que cuando la deuda se sitúe por encima del 95%, como viene ocurriendo en los últimos años, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas serán las de tesorería.

   ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL DÉFICIT

   Por otro lado, es fundamental entender el concepto de déficit. El déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Por ello, cuando un Estado incurre en déficit público, se debe a que ha gastado más de lo que ha ingresado; en el lado contrario, si hubo superávit, se debió a que los ingresos fueron mayores que los gastos.

   En caso de déficit, como ocurre en España, el Estado necesita encontrar una fuente de financiación ajena, y para ello, suele realizar emisiones de activos financieros, entre otras opciones, que se detallan más adelante.

   Para controlar el gasto, el Estado debe seguir la 'regla de oro' del gasto, recogida en la Constitución, que es un instrumento de disciplina presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo que limita el crecimiento del gasto de las administraciones públicas por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo.

   De acuerdo con esta filosofía, la aplicación de esta regla de gasto impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB nominal, es decir, quitando la inflación, a medio plazo de la economía española.

   Asimismo, el Estado debe cumplir una 'senda de déficit', que no es otra cosa que la reducción marcada para encaminarse hacia el equilibrio presupuestario y cumplir los compromisos de España con la Unión Europea.

   En referencia a esta senda, el Gobierno español decidió este verano elevar el objetivo de déficit hasta el 2,7% del PIB en 2018 y al 1,8% en 2019, en ambos casos cinco décimas por encima de las metas fijadas por el Ejecutivo anterior del Partido Popular.

TECHO DE GASTO

   El Ejecutivo envió estas cifras a Bruselas antes de aprobar el 'techo de gasto', lo que conllevó un revuelo con críticas de la oposición. Pero, para entenderlo, es necesario explicar qué es el 'techo de gasto'.

   El límite de gasto no financiero, conocido coloquialmente como 'techo de gasto', es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del 'objetivo de estabilidad'.

   Este límite, que solo excluye las transferencias a los sistemas de financiación autonómica y local, debe aprobarse en el Congreso y el Senado antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

   ¿CÓMO SE FINANCIA ESPAÑA?

    Explicadas las diferencias entre la deuda y el déficit y los instrumentos de estabilidad, toca plantearse cómo consigue España el dinero que permite el Estado de Bienestar.

   Actualmente, España se financia a través de la emisión de deuda pública, autorizada en los Presupuestos del Estado, y a través de los impuestos, lo que forma parte de la política fiscal que decide el Gobierno dentro de unos límites marcados por la Unión Europea.

   Anteriormente a la entrada en el euro, España recurría ocasionalmente a la emisión de dinero. Sin embargo, la creación de más pesetas conllevaba la depreciación de la moneda y generaba inflación. Ahora, la emisión de euros depende del Banco Central Europeo, por lo que esta vía ya no es posible. Además, no suele emplearse en los países desarrollados.

   EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA

   El Tesoro, órgano dependiente del Ministerio de Economía, se encarga de la emisión de deuda pública en subastas y permite que ciudadanos, empresas o incluso otros Estados puedan invertir en la deuda española con diferentes plazos y tipos de interés.

   Actualmente, los valores representativos de deuda volvieron a representar el mayor porcentaje de endeudamiento, con un 85,9% del total de la deuda pública en septiembre.

   En función de los plazos de vencimiento, se distinguen tres tipos de valores del Tesoro de menor a mayor plazo: letras del Tesoro, bonos del Estado y obligaciones del Estado.

   En primer lugar, las Letras del Tesoro se caracterizan por vencimientos a corto plazo, es decir, a tres, seis, nueve o doce meses. Los inversores pueden invertir en múltiplos de mes acudiendo a la subasta que se realiza cada mes, desde su creación en 1987.

   Por otra parte, los Bonos del Estado se emiten a mayor plazo (de dos, tres y cinco años) y las obligaciones del Estado a más largo plazo aún (diez, 15 y 30 años).

   POLÍTICA FISCAL

   Para conseguir ajustes es posible emplear medidas de recorte del gasto o aumento de los ingresos con impuestos. La política fiscal influye en la evolución cíclica de la economía y en la distribución de la renta.

   En concreto, la política fiscal del Estado, las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social permite la recaudación de fondos y la aplicación de gastos públicos, para alcanzar unos objetivos de estabilidad de precios, crecimiento económico y ocupación de los recursos.

    Los instrumentos fiscales para lograr los objetivos económicos de recaudación son los impuestos y las cotizaciones sociales, que se ajustan con subidas y bajadas en función del momento del ciclo, expansivo o contractivo.

    En este sentido, actualmente España se encuentra en fase expansiva por lo que el Gobierno está negociando con organizaciones sociales aumentar las cotizaciones sociales a cambio de más prestaciones y aumentar la recaudación con un aumento de los salarios mínimos.

Asimismo, el Gobierno de Sánchez preve la subida de impuestos y la creación de nuevas tasas como la denominada 'tasa Google' y el impuesto digital y ligado a las transacciones financieras.