Economía.- La defensa de Carceller critica a Anticorrupción por acusación infundada y no descarta acuerdo con Hacienda

Ruz debe resolver en reforma sobre la imputación el pasado mes de junio del empresario cervecero

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, ha criticado este martes la actuación de la Fiscalía Anticorrupción respecto de su cliente - imputado el pasado mes de junio y para quien se piden 14 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública-, que califica de manifiestamente infundada. No descarta buscar un acuerdo con Hacienda para regularizar lo reclamado al expresidente y padre del anterior, Demetrio Carceller Coll.

El bufete de José Antonio Choclán, que representa a Carceller Arce y a su padre, Demetrio Carceller Coll -para quien se piden 48 años de prisión también por fraude a Hacienda-, califica la imputación del actual presidente de la cervecera de "sorpresiva, extemporánea e incluso injusta", ya que se ha producido por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en un momento inmediatamente anterior a cerrar la instrucción de la causa, hurtándole la posibilidad de presentar prueba en contra.

En concreto, la Fiscalía atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (EE.UU.), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Su defensa niega este extremo y llama la atención sobre el hecho de que por estos hechos viniera siendo imputado, desde el inicio del procedimiento hace cuatro años y hasta el pasado junio el empresario Javier Ribas, cuya implicación fue revocada precisamente en el mismo auto en el que se incluyó la del presidente de Damm, según han explicado a Europa Press fuentes de la defensa.

RECURSO ANTE LA SALA

Así, en el recurso de reforma presentado ante Ruz, y cuya resolución podría conocerse esta semana, se señala que fue en un auto del pasado junio cuando Javier Ribas fue "sustituido o reemplazado en la imputación por el señor Carceller Arce" a instancias de la Fiscalía.

"Sin duda habrá pesado en aquella decisión la circunstancia de que el señor Ribas es hijo de doña Manuela Vila Adroher, que ha presentado declaraciones complementarias y regularizado su situación tributaria" con Hacienda. Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, la madre de Ribas abonó tras la imputación de su hijo en 2010 5.245.080,75 euros tras presentar declaración complementaria por el IRPF entre 2005 y 2009 y el Impuesto de Patrimonio entre 2005 y 2007.

Posteriormente, Ruz dio por concluida la instrucción el pasado mes de septiembre sin que obren aún en la causa dos informes periciales encargados por la defensa del presidente de Damm ni el resultado una comisión rogatoria remitida a Londres. Si el recurso ante Ruz no prospera, la defensa acudirá en apelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La defensa destaca las consecuencias muy negativas en la consideración empresarial de su cliente como consecuencia de su imputación. No descarta una negociación con Hacienda para regularizar la situación del padre, Carceller Coll, si bien consideran que la desviación tributaria es inexacta y alcanza menos de la mitad de lo reclamado por la Hacienda pública.

Carceller Arce es presidente de Cerveceros de Europa y desde hace 17 gestiona directamente diversas empresas con más de 6.000 empleados y una facturación superior a 4.000 millones de euros, además de estar presente en tres consejos de administración de empresas del Ibex 35, en dos de ellas -Ebro y Sacyr- en calidad de Vicepresidente.

El pasado jueves, la Fiscalía hizo público su escrito de acusación por esta causa, que a día de hoy no ha sido notificado a la defensa, en el que solicitan la apertura de juicio oral contra los Carceller y dos personas más y se señala una responsabilidad civil de más de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid. A esta responsabilidad deberían responder solidariamente según la Fiscalía, los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen.

El escrito de Anticorrupción detalla que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Así, el expresidente de la cervecera ha ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.