La PAH exige dación en pago retroactiva, moratoria universal y un parque público de alquiler

No descarta movilizaciones el martes, cuando se votará la ILP, y cree que si el PP la rechaza tendrá "un problema de legitimidad muy grave"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, ha expresado este martes ante la Comisión de Economía del Congreso las exigencias "de mínimos" de los ciudadanos para modificar la Ley Antidesahucios: dación en pago retroactiva, moratoria universal de los lanzamientos y un parque público de alquiler.

Durante su intervención, Colau ha asegurado que "éste no es un problema social, sino una estafa generalizada", agravada por una "ley injusta que condena a la muerte civil de por vida". "Tenemos una demanda de mínimos para hacer frente a problema más grave del país. Sabemos que no es la solución a todo, que habrá que hacer otras cosas, pero hay una cuestión de urgencia que no puede esperar más", ha dicho.

Así, para hacer frente al problema de la deuda de por vida que lastra a las familias la PAH propone la dación en pago retroactiva para deudores de buena fe con insolvencia sobrevenida, que no tiene a su juicio ni impedimentos técnicos ni económicos, sino que es sólo "cuestión de voluntad política". De hecho, según Colau, los argumentos económicos también están de su parte, ya que "España no va a salir de la crisis si a miles de personas se las expulsa para siempre del sistema y se las empuja a la economía sumergida".

Además, contra los argumentos de inseguridad jurídica, ha recordado que hay muchos que "no pagan sus deudas", como son partidos políticos, inmobiliarias, promotores o incluso las propias entidades financieras, que deben 250 millones de euros a las comunidades de vecinos. "Las únicas deudas perpetuas en este país son las de las familias", ha reprochado.

MORATORIA INMEDIATA

Por otra parte, la Plataforma también exige que se decrete una moratoria "inmediata y universal" en las ejecuciones hipotecarias de vivienda única y habitual. "Hay que detener la sangría de los desahucios", ha reclamado Colau, recordando que esta práctica está regulada de diferentes maneras en países de nuestro entorno, como Francia.

En este sentido, ha criticado la legislación actual que es "completamente anómala" y da lugar a un sistema en el que "se desahucia más que en ningún otro sitio pese a ser los que más viviendas vacías" acumulamos. "Clama al cielo y requiere una intervención inmediata", ha insistido.

El tercer paso pasaría por "reconvertir las viviendas vacías de las entidades financieras en un parque de vivienda en alquiler social", con precios que no superen el 30% de los ingresos de la familia. "La creación del 'banco malo' es una oportunidad única", ha señalado, criticando el Fondo Social creado por el Gobierno, que es "absolutamente insuficiente" y cuyos criterios de acceso "excluyen a la mayoría de afectados".

A partir de ese punto, Colau se ha ofrecido a negociar con las formaciones políticas otras medidas más a largo plazo, como lo relativo a las tasaciones, la simplificación de los contratos, los intereses o cláusulas abusivas, o la regulación del mercado de alquiler. Además, ha subrayado también la "urgencia" de abordar el aspecto fiscal del problema, ya que "el Estado se está lucrando con los desahucios porque tienen la consideración de transmisión patrimonial".

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Todas estas exigencias están recogidas en la iniciativa legislativa popular que, acompañada por un millón de firmas ciudadanas, ya está registrada en el Congreso y cuya admisión a trámite se debatirá en el Pleno del próximo martes.

"Confiamos en que la admitan a trámite, porque la ILP recoge las demandas con más consenso social del país. Nos parecía totalmente incomprensible que no lo aceptaran, y lo único que provocaría sería ahondar en el abismo de legitimidad que separa a las instituciones de la ciudadanía. Más de un millón de firmas no se pueden despreciar. Si realmente se creen la democracia y creen en el Congreso como máxima expresión de la voluntad colectiva, aunque sea tarde, deben escuchar y trasladar las demandas a una reforma urgente", ha exigido.

De hecho, ha dado un paso más y ha explicado que, al término de su intervención, entregará un sobre "que no contiene ilícitos, sino propuestas muy razonables". Su objetivo es forzar a los diputados a expresar su apoyo a las reclamaciones de la PAH, bajo la amenaza de ser "señalados públicamente allá donde vayan" si no lo hacen.

"La ciudadanía ha tenido dosis de paciencia infinita, hemos agotado todas las vías que ofrecía el sistema. Si las mayorías parlamentarias insisten en despreciar esa voluntad ciudadana tan clara y contundente estarán legitimando que demos un paso más y aumentemos la presión social. No es un capricho, no tenemos ganas de estar permanentemente movilizados pero no nos queda más opción. Las cartas están sobre la mesa, y se tendrán que enfrentar a que públicamente les señalemos", ha dicho.

Tras aclarar que en ningún caso esa presión social será violenta, ha instado a los diputados a hacer "examen de conciencia, ponerse en la piel de la gente que sufre los desahucios" y actuar "como personas, más allá de los grupos", para conseguir "ampliar un decreto insuficiente".

Sin embargo, el PP ya ha anunciado que votará en contra de la tramitación de la ILP, una postura que la PAH aún espera reconsideren porque "la ciudadanía no lo va a entender" dado el "amplísimo apoyo social" a la iniciativa. "El PP debe reconsiderar su posición, porque es una señal de desprecio hacia la población el ni siquiera estar dispuesto a tomar en consideración esas medidas de mínimos. Si las fuerzas mayoritarias insisten en no recoger esas demandas van a tener un problema de legitimidad muy grave", ha reiterado posteriormente en declaraciones a los medios. La PAH no descarta además organizar algún tipo de movilización social entorno al Congreso para el próximo martes, durante el debate.

LA CULPA ES DE LOS BANCOS Y DEL ESTADO

Finalmente, Colau ha recordado al Gobierno que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución, que es un derecho fundamental, y que también se incluye entre los compromisos internacionales de España para con los derechos humanos.

Además, ha subrayado que la situación actual no es responsabilidad de la ciudadanía sino del Estado, que "jugaron con la necesidad básica de acceder a la vivienda con unas políticas públicas que hicieron que la única posibilidad real fuera el sobreendeudamiento". "El alquiler no era una alternativa real, y el mensaje oficial, tanto con el PP como con el PSOE, era que no había burbuja y que la vivienda era la inversión más segura. La población hizo lo que el Estado le recomendaba cada día", ha recordado.

Y también fue culpa de las entidades financieras, que "no sólo secundaban estos mitos, sino que además ofrecían hipotecas a través de contratos que no eran libres y negociados, y repletos de cláusulas abusivas". "Estos desequilibrios manifiestos son suficientes elementos para hablar de estafa inmobiliaria, porque aquí hay quienes han hecho un enorme negocio y cuando todo ha estallado porque era insostenible no están asumiendo ninguna responsabilidad, que está recayendo únicamente en la parte más débil", ha zanjado.

Finalmente, ha aprovechado la ocasión para poner en valor la acción de la sociedad civil tanto en la detención de desahucios como en el haber forzado la intervención del Estado, y ha subrayado el apoyo de formaciones como IU-ICV, ERC o BNG frente a la "ambigüedad" de otros partidos y el "bloqueo" de los dos partidos mayoritarios.