La compañía mantendrá los compromisos sobre 'pay out' y dividendos de su plan estratégico
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Enagás estima que las medidas de reforma del sector del gas aprobadas este pasado viernes por el Gobierno tendrán un impacto medio de unos 120 millones de euros anuales en sus ingresos hasta 2020.
En todo caso, el presidente de la compañía, Antonio Llardén, aseguró durante una conferencia con analistas para informar de los efectos de la reforma que Enagás mantendrá los compromisos sobre 'pay out' y reparto de dividendos asumidos en su plan estratégico.
El gestor técnico del sistema gasista aseguró que el anunciado hoy es un "significativo impacto" ante el que está ya tomando medidas, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, Enagás indicó que lleva meses trabajando en un Plan de Eficiencia 2014-2020 que supondrá una "intensificación del esfuerzo" de reducción y control de costes que viene realizando desde 2008. El objetivo es crear valor a través de la eficiencia operativa.
Junto a esto, tiene previsto presentar un nuevo plan estratégico en el cuarto trimestre del año, una vez que todos los desarrollos normativos hayan quedado publicados.
Por lo pronto, el plan de inversión se centrará en España en el desarrollo de las interconexiones internacionales, así como en proyectos internacionales que cumplan los criterios estratégicos de la compañía. La aportación al beneficio de las inversiones internacionales crecerá "significativsamente" en 2015 y 2016, pronostica.
La compañía señaló además a su "sólida situación financiera" y destacó que ha iniciado un proceso de internacionalización que le permitirá disponer de beneficios adicionales en los próximos años.
Enagás reconoce que la reforma del gas aprobada por el Gobierno "responde a la necesidad de adaptar el marco regulatorio del sector a la situación económica actual y a la madurez del sistema gasista español".
La compañía considera además que la reforma "elimina de forma definitiva el déficit de tarifa de gas existente y contribuye a garantizar la estabilidad regulatoria del sector, con el objetivo fundamental de reducir el precio final de la energía en España e incrementar la competitividad de las empresas españolas". "Además garantiza un sistema económicamente sostenible en el futuro", asegura.