Economía/Empresas.- La justicia europea reconoce el derecho a indemnización de víctimas indirectas de un cártel

BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que las víctimas indirectas de un cártel tienen derecho a recibir indemnización, incluso aunque no tengan relación contractual con ninguna de las empresas participantes, en la medida en que se hayan visto perjudicadas por el aumento de precios provocado por un acuerdo ilegal.

La sentencia se refiere al cártel de los ascensores, en el que participaron los grupos Kone, Otis Schindler y ThyssenKrupp. La Comisión Europea les impuso en 2007 una multa de 992 millones de euros por pactar precios en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Holanda. En 2008, las autoridades austriacas también impusieron multas a varias empresas (entre ellas Kone, Otis y Schindler) por haber puesto en marcha un cártel paralelo en el mercado austriaco.

La sociedad ÖBB, filial de la compañía de ferrocarriles austriacos, compró ascensores y cintas transportadoras a empresas que no participaban en el cártel. Pero ha denunciado que había sufrido perjuicios debido a que sus proveedores fijaron un precio más alto del que se habría alcanzado de no haber existido el cártel y reclama a las empresas participantes una indemnización de 1,8 millones de euros.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia señala que "un cártel puede llevar a que las sociedades que no participen en él tengan que aumentar sus precios para adaptarlos al precio de mercado resultante del cártel".

"Por consiguiente, en la medida en que se demuestre que, atendidas las circunstancias del caso y, especialmente las especificidades del mercado en cuestión, el cártel podía provocar un aumento de los precios fijados por los competidores no participantes en el cártel, las víctimas de dicho aumento deben tener la posibilidad de reclamar a los miembros del cártel la reparación del perjuicio sufrido", sostiene el fallo.

Por ello, el Tribunal de Justicia considera contraria a derecho comunitario la legislación austriaca, ya que ésta exige de manera categórica y sin tener en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto, que existan vínculos contractuales entre la víctimas y los miembros del cártel.