MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE propone la creación de un Banco Público de Inversión, similar al existente en Francia, con el que el Estado pueda favorecer el flujo de financiación a las pymes de la economía real, y cree que las medidas introducidas en el proyecto de ley de Financiación Empresarial son "insuficientes".
En una nota de prensa, el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Juan Moscoso del Prado, explica que entre la veintena de enmiendas parciales que su grupo ha presentado a dicha normativa se cuenta la creación de esta nuevo banco público, en el que quedarían integradas las entidades e instrumentos existentes en materia de financiación pública.
Esto incluye, entre otros, al Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), la , Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) o el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Este nuevo organismo habría de regirse por un modelo de negocio "basado en una gestión eficiente de los recursos públicos" y se sometería a "los principios de objetividad, transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas".
DESEQUILIBRADO PARA LAS PYMES
Y es que el principal partido de la oposición considera que el proyecto de ley del Gobierno, actualmente en tramitación en el Congreso, es "insuficiente" para mejorar la financiación bancaria a la economía real y para reactivar el crédito, y reprocha también que "sigue manteniendo un excesivo desequilibrio en favor de las entidades bancarias frente a las pymes".
Por eso, Moscoso del Prado también propone obligar a las entidades bancarias a no extinguir o disminuir el flujo de financiación que mantiene con una pyme que pueda demostrar su solvencia al menos durante un plazo mínimo de un año y en las condiciones contractuales previamente existentes.
El diputado también pone sobre la mesa la posibilidad de ampliar hasta los cuatro meses el plazo mínimo que las entidades bancarias deben respetar a la hora de notificar a un cliente su intención de no prorrogar o de extinguir la financiación, así como de reducir al 25% del importe global del crédito la cantidad mínima por la que el banco debe preavisar.
Los socialistas quieren asimismo que se incluya a los autónomos en el ámbito de aplicación de los derechos de las pymes en supuestos de cancelación o reducción del flujo de financiación.
RETRASO EN LA ENTRADA EN VIGOR
En otro bloque de enmiendas, el PSOE critica la "incoherencia" de que, pese a reconocer la necesidad de mejorar el flujo de financiación hacia las pymes, el Gobierno "retrase hasta ocho meses" la puesta en marcha de este proyecto de ley con respecto a su entrada en vigor.
Y es que el texto da cinco meses al Banco de España para diseñar el modelo-plantilla, contenido y formato de la información financiera-pyme, y tres meses más para publicar dicha información, lo que a juicio de Moscoso "quiere decir que, en el mejor de los escenarios, no se pondrá en marcha hasta 2016".
Por eso, pide al menos reducir "sustancialmente" a un máximo de dos meses el plazo de entrada en vigor del preaviso por terminación o disminución del crédito.