Ence pierde 190 millones en 2021 por las provisiones tras las sentencias de la fábrica en Pontevedra

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Ence registró unas pérdidas netas atribuidas de 190 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de siete los 'números rojos' del ejercicio precedente, debido a las provisiones por 200 millones efectuadas en el primer semestre de 2021 tras las sentencias de la Audiencia Nacional sobre la prórroga extraordinaria de la concesión de su biofábrica de Pontevedra.

El grupo ha notificado que habría vuelto a beneficios de no haber sido por el impacto contable de estas sentencias, con un resultado de 10 millones de euros. Todo ello pese a las fuertes liquidaciones negativas por coberturas, de 106 millones de euros, contratadas un año antes en un entorno de "importante incertidumbre" por el coronavirus.

En este contexto, la empresa generó 76 millones de euros de flujo de caja libre, lo que le permitió reducir en este mismo importe su deuda neta, que se situó en los 102 millones, concentrada en su negocio de energía renovable y sin deuda neta en el negocio de celulosa.

A cierre de ejercicio la cifra de negocio de la empresa creció un 15,8%, hasta los 819,7 millones de euros. Los ingresos procedentes del negocio de celulosa crecieron un 32,3%, hasta 667,6 millones, mientras que los del negocio de energía decrecieron un 24,8%, hasta 154,9 millones.

La compañía terminó el ejercicio con un saldo de caja de 397 millones después de haber amortizado deuda por importe de 198 millones, reducido el uso de sus líneas de financiación de circulante en 56 millones de euros y pagado inversiones por importe de 71 millones de euros.

En diciembre de 2021 Ence alcanzó un acuerdo para la rotación de cinco activos fotovoltaicos con una capacidad conjunta de 373 megavatios (MW) por un importe de hasta 62 millones, que se irá materializando a medida que se complete la tramitación administrativa de cada uno de estos activos, prevista entre el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2024.

En 2022, una vez concluidas las coberturas, la compañía se está beneficiando del actual contexto de mercado, con fuerte demanda y precios en sus dos negocios, desde una "sólida posición financiera marcada por una potente generación de caja".

POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN Y POSIBLE PAGO DE DIVIDENDO

El consejo de administración ha acordado una nueva política de remuneración el accionista, de manera que a partir de este año, el criterio que marcará como directriz principal esta política será la generación de caja de la empresa y sus sociedades dependientes, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente para el tipo de actividad que desarrolla la compañía y acorde con sus obligaciones legales y contractuales.

Según ha explicado Ence, estos criterios de retribución permitirán ligar su resultado económico con la remuneración a percibir por los accionistas, "respondiendo a principios de sostenibilidad, rentabilidad y prudencia financiera".

Adicionalmente, la empresa ha anunciado el posible pago, de manera extraordinaria, de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio de 2022 tras el cierre del primer trimestre.

NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

La empresa también propondrá en la próxima junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 30 de marzo, la reelección y nombramiento de nuevos consejeros.

En concreto, el grupo propondrá la reelección de Irene Hernández Álvarez como consejera independiente; y de Fernando Abril-Martorell, José Guillermo Zubía como otros consejeros externos.

Por su parte, la empresa propondrá el nombramiento de Ángel Agudo Valenciano como consejero dominical y a Carmen Aquerreta Ferraz y Rosalía Gil-Albarellos Marcos como consejeras independientes.

Entre otros puntos del día, el consejo propondrá la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2021, así como el estado de información no financiera consolidado. Adicionalmente, la empresa propondrá la autorización para la adquisición de acciones propias directamente o a través de sociedades del grupo, además de la autorización por cinco años para emitir valores negociables de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, incluyendo participaciones preferentes, así como valores de renta fija canjeables o convertibles en acciones.