La Eurocámara pide más control sobre agencias de 'rating' cuando valoran la deuda soberana

BRUSELAS, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara ha aprobado una reforma legislativa cuyo objetivo es aumentar el control sobre las agencias de 'rating' cuando valoran la deuda soberana de los países europeos y reducir la dependencia de las instituciones comunitarias respecto a estas notas.

"La crisis de deuda de la eurozona ha mostrado que las agencias de 'rating' han ganado demasiada influencia, hasta el punto de ser capaces de influir la agenda política. Como respuesta, hemos reforzado las reglas sobre los 'ratings' de deuda soberana y los conflictos de interés", ha dicho el eurodiputado socialista Leonardo Domenici, ponente parlamentario de la legislación, que todavía debe pactarse con los Gobiernos de los 27.

Los eurodiputados quieren que cada agencia de calificación de riesgos publique un calendario anual de fechas para publicar sus notas sobre deuda soberana, con el fin de dar tiempo a los Estados para prepararse. Estas calificaciones sólo podrán publicarse tras el cierre de todas las bolsas establecidas en la UE y al menos una hora antes de su reapertura.

"Esta disposición evitará que las notas se publiquen de forma inoportuna, en circunstancias que pueden ser perjudiciales para los Estados afectados", ha afirmado el portavoz del PP europeo en esta materia, Jean-Paul Gauzès.

Las notas deberán reflejar, según pide el Parlamento, las características específicas de cada país y no podrán defender cambios de política.

El Parlamento renuncia a la idea de crear una agencia de 'rating' europea pero pide que las instituciones europeas publiquen también su propia evaluación sobre la solvencia de los Estados con todos los indicadores macroeconómicos clave.

Ninguna legislación de la UE podrá remitirse a un 'rating' para objetivos regulatorios, y no se permitirá que ninguna institución financiera regulada venda activos automáticamente debido a una rebaja de la nota.

La nueva norma establece que las agencias serán responsables civilmente de sus calificaciones, de forma que un inversor perjudicado por una nota que contenga errores metodológicos podrá pedir ante la justicia daños y perjuicios.

Para evitar los conflictos de interés, las agencias de 'rating' no podrán publicar notas sobre entidades que controlen más del 2% de su capital. Además, se restringen las fusiones entre agencias para evitar que se reduzca la competencia.