La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias califica la Ley de Vivienda de "experimento político"

Fachada de un edificio, en Barcelona, en una imagen de archivo.
Fachada de un edificio, en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press
Publicado: jueves, 27 abril 2023 18:10

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) considera que la Ley de Vivienda es "un experimento político" que no servirá para solucionar el "drama social" que supone acceder a una vivienda en alquiler en España.

La FAI sostiene que la normativa se ha redactado "bajo la presión del calendario electoral" y ha desoído las advertencias de los expertos sobre las consecuencias de su alcance, como la reducción del número de viviendas disponibles para arrendar o la estimulación del "mercado negro" dentro del mercado inmobiliario.

Además, la FAI advierte de que el nuevo marco normativo "deja muchos flecos sueltos" y no articula medidas eficaces para dar mayor seguridad jurídica en caso de impago de rentas.

Asimismo, ve en esta normativa "intervencionismo en todos los sentidos", puesto que atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los propios agentes inmobiliarios y perjudica, también, a los inquilinos.

"Es otra muestra del desconocimiento de cómo funciona la dinámica del proceso de alquiler", apuntan desde FAI.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con un respaldo de 176 votos que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra.

En concreto, el texto ha contado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe, mientras que el BNG se ha abstenido, aunque también ha vertido críticas por la invasión de competencias.

En contra se han situado el PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, pero también el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que en su caso alegan invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas.