Ferrovial estudia demandar a Chile tras ser excluida de un contrato de 250 millones

Pese a ser la oferta más económica

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial se plantea demandar al Estado de Chile ante el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi), después de que su oferta por unas obras de transmisión eléctrica en ese país valoradas en unos 250 millones de euros fuese excluida de un proceso de licitación pública lanzado en 2022.

Así lo ha advertido su filial Ferrovial Power Infraestructure en una recurso judicial consultado por Europa Press, en el que insta al coordinador eléctrico nacional de ese país a revertir esa decisión, después de que los tribunales le hayan dado la razón.

En concreto, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dictó una sentencia el pasado 23 de octubre en la que aceptaba la demanda presentada por Ferrovial por ser excluida, condenando al Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional al pago de una sanción de unos 400 millones de pesos (388.000 euros).

Sin embargo, el tribunal rechazó la pretensión de la empresa de invalidar la adjudicación a un competidor de Ferrovial, ISA, al considerar que eso conllevaría efectos contrarios al interés común, por suponer un retraso de las obras y poder incrementar el coste a los contribuyentes.

Por eso, Ferrovial ha recurrido la sentencia para pedir que vuelva a convocarse la licitación, ya que su oferta era la más económica. La razón argumentada por el coordinador eléctrico para excluirla fue que en alguno de los proyectos incluidos en el grupo de obras su oferta era de solo un dólar.

Sin embargo, la empresa defiende que las bases del concurso aclaraban que se debía presentar una oferta por el conjunto y no por cada obra individual y que el proyecto se adjudicaría a la oferta con el menor valor global, es decir, teniendo en cuenta el conjunto de los proyectos incluidos bajo el perímetro del contrato.

Este valor conjunto propuesto por la española ascendía a 13,1 millones de dólares anuales (12,5 millones de euros), lo que no suponía una baja temeraria y era inferior a los 15,3 millones de dólares (14,5 millones de euros) ofertados por ISA.

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS INTERNACIONALES

En este sentido, la sentencia calculaba que, al ser el contrato para un periodo de 20 años, el ahorro para el contribuyente si se hubiese adjudicado el contrato a Ferrovial alcanzaría los 43 millones de dólares (41 millones de euros). Esta es una de las razones que aduce la empresa para que la justicia proceda a invalidar la adjudicación.

"Contrariamente a lo razonado por el TDLC, los beneficios de acoger esta medida correctiva son sustantivamente mayores que los supuestos perjuicios económicos derivados del eventual retraso en la entrada en operación del proyecto", defiende en su recurso.

Ferrovial advierte de que esta descalificación podría suponer una infracción de los tratados de inversión suscritos entre Chile y los estados europeos, al haber actuado "de forma arbitraria, discriminatoria y anticompetitiva", tal y como ha dado por probado la sentencia del TDLC.

"Se redujo la competencia; la decisión generó un sobrecoste considerable para los clientes sin que existiera una justificación razonable; Ferrovial tuvo un trato desigual y discriminatorio", son algunas de las afirmaciones incluidas en la sentencia en las que la empresa se ha apoyado para argumentar su recurso.

A parte de Ferrovial e ISA, a la licitación también concurrieron otras empresas, entre las que se encuentran las españolas Acciona o Elecnor (a través de Celeo Redes), así como la chilena Transelec, todas ellas con pujas más caras.