El Gobierno aprueba este viernes un plan para reducir empresas públicas y fundaciones

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará este viernes un plan para reducir empresas públicas, fundaciones y organismos autónomos, una propuesta que se enmarca en la "profunda" reforma de las Administraciones Públicas que quiere acometer el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

En este momento existen 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios, con una deuda acumulada que se acerca a los 60.000 millones de euros, prácticamente el triple que hace tres años, según los datos que maneja el Gobierno.

Por eso, Hacienda y Presidencia llevan varias semanas trabajando en un informe para reducir esos organismos, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que han proporcionado datos al Ejecutivo acerca de qué organismos pueden reducir o eliminar.

REDUCIR UN 20% EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Sólo en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno pretende acometer una reducción inicial de entidades del entorno del 20 por ciento, según avanzó recientemente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El objetivo del Gobierno con este plan de redimensionamiento del sector público empresarial y fundacional es "reducir, fusionar y eliminar las entidades que no sirvan a un propósito público claro y justificado".

HAY QUE "ALIGERAR" EL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN RAJOY

Como ya hizo en su discurso de investidura el pasado mes de diciembre, el propio Mariano Rajoy ha defendido este miércoles ante el Pleno del Congreso la necesidad de acometer una "profunda reforma" de las Administraciones Públicas.

Según el presidente del Gobierno, se trata de "garantizar el mejor uso de los recursos públicos" y gestionar de forma "austera y eficiente". El primer paso en ese sentido, ha continuado, debe ser "aligerar la dimensión del sector público".

En este contexto, ha recordado que su Gobierno ya ha anunciado una "reducción sustancial" del orden del 20 por ciento de las empresas públicas con el fin de "generar ahorro, evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos".