MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha garantizado que el Gobierno tiene la intención de mantener el "equilibrio" entre las necesidades de las empresas y las aspiraciones de los trabajadores en la reforma de la negociación colectiva que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, aún a costa de ampliar las materias en discusión a otras que inicialmente no incluía el decreto.
Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras la convalidación de la norma por el Pleno del Congreso, que el PSOE ha salvado con sus votos y gracias a las abstenciones de CiU y PNV, con los que ha acordado negociar un paquete de enmiendas que garanticen la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, "mayor flexibilidad", absentismo, mutuas e incluso una mención a la vinculación entre salarios y productividad.
El ministro, que se ha mostrado "satisfecho por el resultado de la votación", ha indicado que no se producirá ninguna modificación "sustancial" en la líneas "globales" del decreto: la ultraactividad de los convenios y la flexibilidad interna de las empresas.
"NO ADELANTEMOS ACONTECIMIENTOS"
No obstante, ha admitido que es posible una revisión del plazo de prórroga de los convenios que no sería relevante. "En vez de ocho pueden ser siete, en vez de catorce pueden ser trece, pero sí siguen sustancialmente similares, no habrá ninguna dificultad", ha incidido.
Asimismo, ha pedido "no adelantar acontecimientos" sobre el contenido exacto de las enmiendas que el PSOE pactará con los nacionalistas, en particular en la relativa al límite del 5% de horas anuales que pueden fijar libremente los empresarios. "Habrá más flexibilidad, pero pactada", ha incidido.
SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD
Respecto a la "mejor relación" entre salarios y productividad, Gómez ya había remarcado durante el debate ante el Pleno que el Estado no tiene poder en este aspecto sobre el sector privado.
"Es preciso reformar el sistema, sí, pero sin romper el equilibrio ni darle el poder a una de las partes, pues rompería la negociación colectiva y desintegraría un modelo que ha funcionado bien en los últimos treinta años", ha señalado.