El gran consumo comparte "el espíritu general" de la Ley de desperdicio alimentario

Recuerda que es una "prioridad" evitarlo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que agrupa a más de 32.000 empresas en España, ha asegurado que comparte "el espíritu general" y "el objetivo" del Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros, según informaron a Europa Press fuentes de la patronal.

En concreto, esta norma tiene como objetivo reducir el desecho de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, con sanción de 2.000 euros.

La patronal del gran consumo ha recordado que prevenir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y dar una segunda vida a los excedentes alimentarios es una "prioridad" para frenar un problema de claro impacto económico, social y medioambiental, así como para "evitar malgastar" los recursos naturales y el esfuerzo de todos los trabajadores de la cadena agroalimentaria.

De esta forma, Aecoc ha liderado desde 2012 el proyecto 'La Alimentación no tiene desperdicio', una iniciativa de adhesión voluntaria de la que ya participan más de 700 empresas y que arroja resultados positivos.

La asociación ha recordado que gracias a la adopción de planes de prevención y medidas correctoras en línea con las propuestas en el Proyecto de Ley, la gran distribución ha conseguido reducir de un 1,78% a un 0,9% el porcentaje de producto no aprovechado sobre el total comercializado.

UNA LEY PIONERA PARA REGULAR Y CONCIENCIAR

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su exposición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha destacado que se trata de un instrumento jurídico pionero para "regular y concienciar" y para prevenir una "ineficiencia en la cadena alimentaria" que tiene consecuencias económicas, ambientales y sociales.

Planas ha afirmado que solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE y ha destacado que uno de los objetivos de la norma es concienciar, porque el 40% de la pérdida se produce en las tiendas y en los hogares y otro 20% en la cadena alimentaria.

El texto incluye medidas para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo ya que todas deberán contar con un plan de prevención que incluya un autodiagnóstico desde el que adoptar medidas para minimizar las pérdidas, que en 2020 alcanzaron los 1.300 millones de kilogramos de alimentos en los hogares, una media de 31 kilos por persona.

De esta forma, el texto legal busca fomentar las buenas prácticas desde los productores primarios, en fase de cosecha y recolección de alimentos, hasta los consumidores, en el hogar o en bares y restaurantes.

DONACIÓN DE ALIMENTOS

Además, las empresas deberán estipular el destino de los alimentos para evitar su desperdicio bajo la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación o redistribución de alimentos.

Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.

Otra de las medidas pasa por que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta productos "feos, imperfectos o poco estéticos; promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos e incentiven la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, según la jerarquía de prioridades de uso.