La gran industria cree que nueva Ley debe incorporar un fondo de financiación de unos 2.500 millones anuales

Archivo - Cogeneración en una planta de la industria papelera.
Archivo - Cogeneración en una planta de la industria papelera. - ASPAPEL - Archivo
Publicado: martes, 10 diciembre 2024 14:37

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha considerado que el nuevo marco legislativo que plantea el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica "aunque positivo, carece de la concreción de lo más esencia", al no definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere el país y la incorporación de un fondo de financiación para impulsar la competitividad industrial, que estima que debería ascender a unos 2.500 millones anuales.

En un comunicado, la Alianza, constituida por Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia), señaló que la articulación de recursos financieros debe "sentar las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria".

Además, también estimó "fundamental" que las enmiendas al texto cuenten con el máximo consenso posible por parte de las distintas formaciones políticas del arco parlamentario. "Es la única fórmula para lograr el objetivo común de reindustrializar nuestra economía", dijo Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.

Para la Alianza, el propósito y la disposición que muestra el Gobierno de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España son positivos, "no obstante, sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación y sin la concreción de plazos, corremos el riesgo de que se quede en meras intenciones", puntualizó.

En este mismo sentido, destacó la importancia de articular un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dote de continuidad el proceso emprendido estos años con los Perte, con el fin de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera del mismo, facilitando la economía circular y descarbonización de la industria.

"Según nuestras estimaciones, este fondo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que podría garantizarse la competitividad de los activos industriales estratégicos de España", subraya Reinoso.

Asimismo, la Alianza, que representa el 60% del Producto Industrial Bruto del país, defendió que, para impulsar una verdadera reindustrialización de España, el nuevo marco legislativo también debe contemplar la simplificación de la burocracia administrativa, para evitar introducir más cargas en este sentido. Así, Reinoso subrayó que garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales "es clave en este proceso".

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