Huertas (Mapfre) aboga por regular el "riesgo ético" de la IA pero sin "asfixiar su capacidad competitiva"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Mapfre, Antonio Huertas, aboga por que la regulación de la inteligencia artificial (IA) en Europa aborde el "riesgo ético" que conlleva esta tecnología pero sin "asfixiar su capacidad competitiva".

"Hay que legislar sobre el riesgo ético de la IA, pero hay que hacerlo con criterio. En un escenario global, Europa tiene que encontrar el equilibrio entre una regulación necesaria y asfixiar su capacidad competitiva", ha señalado el directivo en el discurso de apertura de la cumbre por el 50 aniversario de la Asociación de Ginebra.

Además, ha recalcado que la implementación de la IA en Europa debe hacerse de manera "responsable, segura y confiable", en línea con los postulados que defienden tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea, que abogan por una regulación de la IA "humanista", que ponga a las personas en el centro, pero sin renunciar al potencial económico derivado del desarrollo de esta tecnología.

Asimismo, Huertas ha destacado los ciberriesgos como uno de los retos actuales. "Como aseguradoras, nuestra responsabilidad va más allá de la compensación financiera. Debemos ayudar a nuestros clientes a navegar por el complejo panorama de las ciberamenazas", ha argumentado.

En ese sentido, también ha pedido a las aseguradoras que sean proactivas a la hora de evaluar opciones viables para compartir riesgos cibernéticos, incluso con los gobiernos a través de asociaciones público-privadas.

En su opinión, esta colaboración entre aseguradoras y gobiernos permitirá reducir las brechas de seguridad cibernética y garantizar que se puedan obtener "todos los beneficios sociales del ciberespacio".

En su discurso, el directivo de Mapfre también ha realizado un alegato a favor de la sostenibilidad y la reducción de las emisiones contaminantes.

"La transición global hacia un modelo bajo en carbono debe ser socialmente justa. No podemos privar a una generación de sus medios de vida con la promesa de que la siguiente heredará un planeta mejor. Los países en desarrollo son responsables de solo el 20% de las emisiones globales. Pedirles que paguen un precio desproporcionado para facilitar la transición energética significa condenarlos a más décadas de desigualdades injustas", ha defendido.