Iberdrola presenta una demanda mercantil contra ACS por competencia desleal en pleno caso 'Tándem'

Se reserva el derecho a cuantificar los daños aducidos en un proceso posterior

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha presentado una demanda mercantil contra ACS por competencia desleal, acusando a la constructora de filtrar la noticia sobre una futura demanda millonaria que su presidente, Florentino Pérez, estaría preparando contra la eléctrica en relación con el caso 'Tándem', sobre los negocios oscuros del comisario jubilado José Manuel Villarejo, al considerar que de esta forma causó un daño reputacional grave a la empresa energética.

Con esta demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Iberdrola busca que el juzgado de lo mercantil declare que ACS ha cometido un acto denigratorio, que le exija cesar en su competencia desleal y le prohíba hacerlo otra vez, así como que se rectifiquen las "informaciones engañosas, incorrectas o falsas" y se publique la sentencia que se dicte al respecto.

La compañía energética pretende igualmente que el juzgado le reconozca el derecho a que se le resarzan los daños y perjuicios ocasionados por esa presunta competencia desleal, aunque con miras a que, en su caso, los daños se cuantifiquen en un proceso posterior, "habida cuenta de la imposibilidad de determinación de los mismos que hoy día existe", alegando que el perjuicio aún continúa.

El origen de esta demanda, según explica Iberdrola, es una noticia publicada en prensa el pasado 22 de febrero en la que se avanza que Florentino Pérez ultimaba una demanda contra la empresa energética por las consecuencias negativas que se derivarían del hecho de que ACS no consiguiera un asiento en el consejo de administración de la eléctrica, un efectivo lesivo que cifraría en 2.600 millones de euros.

El detonante de esta batalla legal sería, conforme a la presente demanda, "el intento de control de Iberdrola por parte de ACS", que se describe como "una de las operaciones frustradas más importantes de las dos últimas décadas en el panorama empresarial español".

Los hechos se remontan a 2010, cuando ACS designó un consejero por el sistema de representación proporcional, al ser dueña del 20 por ciento del capital social de Iberdrola, un consejero que fue cesado en la junta general de la compañía presidida por Ignacio Galán al estimar que la constructora era competidora de la eléctrica.

Pérez, de acuerdo con dicha noticia, achacaría la salida del consejero de ACS a supuestas maniobras de Iberdrola con Villarejo, apuntando que la demanda se presentaría en el caso de que la compañía energética quedara imputada en el caso 'Tándem', donde se investigan los tejemanejes del comisario.

Iberdrola ha recordado que el cese del consejero de ACS fue respaldado por la Justicia, haciendo hincapié en que el conflicto de competencia no solo era real en ese momento, sino que es "estructural y permanente", por lo que se mantiene en la actualidad.

A este respecto, ha detallado que ambas empresas "concurren y compiten de manera directa en áreas de negocio relevantes" como las energías renovables, comercialización y redes, así como en otras "áreas críticas y estratégicas", como en la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico y en la generación de hidrógeno verde".

DAÑO REPUTACIONAL

Para Iberdrola, "la noticia publicada es un fin en sí misma". Con ella, sostiene, "ACS sólo persigue dañar la imagen y reputación de Iberdrola", por lo que constituiría un acto denigratorio, independientemente de que la demanda anunciada en la citada información acabe presentándose.

La demandante ha alegado que con la noticia y el comunicado difundido posteriormente por ACS --donde reprocha, que no rectifica-- ha sufrido un daño reputacional "importante", precisando que en el caso de Iberdrola el activo intangible, donde se enmarca este concepto, pesaba cerca de un 23% en 2020 en el valor total de la empresa.

"Una buena reputación permite a las empresas atraer y retener profesionales, aumentar sus ventas, atraer inversores y conseguir financiación en mejores condiciones, siendo un elemento fundamental para su estrategia de negocio y su éxito en el mercado", esgrime. Por ello, expone que "cuando una noticia altera la percepción de los agentes sobre una empresa se considera un 'evento reputacional'" que puede deteriorar la imagen corporativa.

A su juicio, "la sola mención de esta 'amenaza' (de demanda) afecta directamente a la credibilidad de Iberdrola en los mercados financieros, donde compite con la propia ACS en la búsqueda de financiación para emprender nuevos proyectos que generen valor añadido a sus inversores y accionistas", provocando además, "una incertidumbre y pérdida de confianza entre sus clientes y accionistas particulares, en los que en muchos de ellos confluyen ambas condiciones".

"En este sentido", ha ahondado, "el daño a su imagen, credibilidad y reputación corporativa genera de manera inmediata un perjuicio que, lejos de ser abstracto, es inmediato y duradero, en cuanto provoca daño a la marca como expresión del prestigio y reputación corporativa de Iberdrola, generando desconfianza en los inversores, clientes y mercados, lo que va más allá de la incidencia concreta que pueda tener en la cotización de las acciones en determinados días o periodos".

48 HORAS ANTES DE PRESENTAR RESULTADOS

Iberdrola ha hecho hincapié en que la noticia y el comunicado de ACS se conocieron apenas dos días antes de que la compañía energética presentara los resultados correspondientes al ejercicio 2020, deduciendo una intencionalidad clara en la elección del momento para arrojar dudas sobre el destino que tendrían los beneficios obtenidos ese año si se materializaba una demanda de 2.600 millones de euros.

Asimismo, ha subrayado que la noticia y el comunicación tuvieron "una amplia repercusión, tanto a nivel nacional, como internacional", multiplicando con ello el mencionado daño reputacional.

Por ello, concluye que "la noticia no se puede explicar más que como una filtración desde ACS, con el fin de menoscabar la reputación de Iberdrola y así perjudicar a su competidora en el mercado, generándole una manifiesta desventaja competitiva y un grave perjuicio, dadas las dudas que, con esta noticia, se pueden generar en relación con la situación económica de la entidad y el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio 2020".

Iberdrola defiende que "carece de justificación objetiva, y es a todas luces desproporcionado filtrar a un medio de comunicación que se va a presentar una reclamación judicial por una cantidad desproporcionada, además condicionada a un hecho futuro e improbable, la imputación de la futura demandada".

"Del mismo modo, carece de cualquier justificación objetiva emitir un comunicado en el que, además de no desmentir ni corregir la anterior noticia, se hacen juicios de valor espurios y sin fundamento alguno", concluye.