El informe del Tribunal de Cuentas sobre el coste del rescate llega mañana al Congreso

También presenta la fiscalización del Banco de España, en la que reclama más personal de inspección

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presenta este lunes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe sobre el coste del rescate bancario, que según la fiscalización realizada tuvo un importe acumulado de recursos públicos de 60.718 millones de euros entre 2009 y 2015.

Así, entre otros informes del Tribunal, Álvarez de Miranda presentará ante las Cortes Generales el 'Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015'. En él señalaba que el grueso de la factura del rescate lo constituyen las aportaciones al capital y cuotas participativas de entidades, que asciende a 46.021 millones.

Este informe, en el que fiscaliza al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); los tres Fondos de Garantía de Depósitos que existían hasta el 15 de octubre de 2011 y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito --que sustituyó a los anteriores--; y el Banco de España, coincide con la investigación que realiza actualmente el Congreso sobre la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

En su informe, el órgano fiscalizador advierte de que los 60.718 millones de euros con los que cuantifica la factura del coste del rescate no pueden considerarse una cifra "definitiva", ya que los procesos de reestructuración aún no han concluido. Así, dependerá de la evolución de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y de otro tipos de garantías otorgadas en la venta de entidades, con un saldo vivo total de 17.211 millones a cierre de 2015.

El Tribunal de Cuentas subraya que los saneamientos que han supuesto mayor coste público han sido el de CX (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones), Banco CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones). En un informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca, el organismo ha calculado también que los recursos públicos comprometidos ascienden a 122.122 millones entre 2009 y 2015, si bien ha aclarado que no todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos suponen un coste para el sector público.

El organismo fiscalizador apunta, además, que la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito inmersas en procesos de reestructuración o resolución por un importe de hasta 85.965 millones. El saldo vivo de la única emisión no autorizada asciende a 1.059 millones hasta la fecha. El Tribunal de Cuentas ha recordado que el saldo vivo de las emisiones de deuda senior de la Sareb, que se sitúa en 43.476 millones a cierre de 2015, está avalado por el Estado.

"DEFICIENCIAS" EN CONTRATOS

En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta que, en líneas generales, la contratación del FROB se ha ajustado a la normativa, pero señala que en el proceso de fiscalización se han observado "insuficiencias o deficiencias" de tipo formas en la tramitación de los contratos. Desde su punto de vista, este hecho ha impedido "que quedara acreditado el cumplimiento íntegro de los principios que rigen la contratación del FROB".

Así, destaca que el FROB "no definió un procedimiento para imputar los ingresos, los gastos y los costes" en los que se incurrió en cada proceso de resolución, algo que le habría permitido "el cumplimiento sin restricciones" de la ley.

De hecho, llega a aseverar que "una interpretación menos restrictiva habría conducido al FROB a deducir y retener importes mayores de los efectivamente deducidos y retenidos en los casos de Caja Rural Comarcal Mota del Cuervo, CX y NCG". "Al margen de los casos anteriores, los gastos incurridos por el FROB en la transmisión del Banco Gallego y del Banco de Valencia no pudieron ser recuperados por el FROB al ser el precio de venta de ambas entidades de un euro", precisa.

También indica que el FROB contrató a expertos independientes para elaborar las 'due diligence' y la valoración de CEISS y Liberbank antes de que estas entidades solicitaran formalmente apoyo financiero. "Esta anticipación en la contratación de los estudios se aparta del criterio establecido en el Real Decreto Ley 2/2011 y provocó que los informes recibidos por el FROB, que costaron en conjunto 1,4 millones de euros, fueran innecesarios", explica.

El Tribunal de Cuentas también incluye entre las deficiencias la contratación de una línea de crédito de disposición inmediata de 3.000 millones de euros por un período de dos años para atender situaciones de urgencia. Sin embargo, nunca llegó a realizar ninguna disposición de fondos, lo que le supuso un coste de 33 millones durante los años de vigencia.

MÁS PERSONAL EN EL BANCO DE ESPAÑA

Además de este informe, Álvarez de Miranda también presentará ante las Cortes Generales el 'Informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015', en el que demandaba reforzar el personal de inspección en esta entidad y mejorar el seguimiento del grado de cumplimiento de las entidades ante los requerimientos y recomendaciones que se formulan.

Además, cree que el supervisor debe insistir a las entidades sobre la necesidad de mejorar la uniformidad y el contenido de sus informes de autoevaluación de capital, así como de los procedimientos de evaluación de la idoneidad de sus altos cargos. También le anima a continuar con la modernización de las herramientas informáticas que utiliza para la evaluación de la idoneidad de los altos cargos y para la supervisión de conducta de entidades.

SUPERVISIÓN PRUDENCIAL

Antes de presentar estas recomendaciones, el Tribunal de Cuentas ha hecho un repaso por las actuaciones del Banco de España en materia de supervisión en el ejercicio 2015 y recuerda que durante ese año se supervisaron directamente por el BCE 14 grupos de entidades españolas con la participación de personal de la institución que encabeza Luis María Linde.

Sin embargo, apunta que "no existía procedimiento formal preestablecido" que proporcionase los recursos humanos del Banco de España que fueran a formar parte de estos equipos, así como la existencia de dificultades de organización y funcionamiento para el personal en estos equipos "derivada de su doble dependencia jerárquica".

El Tribunal no detectó otras incidencias en el cumplimiento de las obligaciones legales del Banco de España en la supervisión de las entidades de crédito significativas españolas. Respecto a las entidades de crédito menos significativas, el informe indica que el Banco de España cumplió adecuadamente la planificación aprobada, adoptó las decisiones de capital exigibles a todas ellas y formuló los requerimientos adicionales y las recomendaciones que consideró oportunas.

No obstante, pone de manifiesto deficiencias en la metodología que el Banco de España empleó para el posterior seguimiento del cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones realizados, así como la falta de homogeneidad y diferencias en el grado y detalle de la información incorporada a los informes de autoevaluación de capital que deben realizar todas las entidades.

Por otra parte, pone énfasis en que no se consiguieron los objetivos de periodicidad de las inspecciones 'in situ' a las entidades de crédito menos significativas y a las entidades distintas de las de crédito. Tampoco se cumplieron determinados plazos previstos en los procedimientos internos y no se mantuvieron algunos trámites para el seguimiento de los requerimientos efectuados en estas vistas de inspección, según el Tribunal de Cuentas.