El juez da por buena la indisposición alegada por Ruiz Mateos y pide al hospital datos de su estado

Las órdenes de busca y captura no han sido finalmente activadas

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de Penal número 1 de Valladolid ha dado por buena la indisposición de salud alegada por José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada, quien ayer no compareció en un juicio que investiga un fraude fiscal de 8 millones presuntamente cometido por el empresario jerezano y uno de sus hijos, con lo que finalmente no ha activado las órdenes de busca y captura anunciadas.

Sin embargo, el juez se ha puesto en contacto con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde el fundador del Grupo Rumasa ingresó de urgencia en la madrugada del martes, a fin de conocer el motivo concreto de su dolencia y, además, al objeto de solicitar del centro que le mantenga informado respecto del alta del paciente, con el propósito de volverle a citar para garantizar su asistencia al juicio cuya fecha ha sido pospuesta para el día 20 de octubre, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

José María Ruiz Mateos y su hijo, del mismo nombre, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para su supuesta testaferro, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros.

En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.

La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.

De tales cantidades, los acusadores sitúan a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años.

Los hechos se remontan a 2008, cuando los Ruiz Mateos, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de su sociedad.

UNA FINCA EN REUS QUE SEXTUPLICA SU VALOR

Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, 'paraíso fiscal', con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.

La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En el acto de firma de la escritura de venta compareció la tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, a quien los Ruiz Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Abogado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, era simplemente una testaferro que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo de empresas del industrial jerezano.

Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros.