MADRID, 15 Ago. (OTR/PRESS) -
Del crecimiento medio del PIB que experimenta la economía española en los últimos años, puede considerarse que algo más de la mitad debe atribuirse a la presencia de los más de cuatro millones de inmigrantes residentes en nuestro país. Además, según concluye un estudio realizado por la Oficina Económica de Moncloa, resulta que los inmigrantes aportan un mayor porcentaje de los ingresos públicos que del gasto que originan a las administraciones públicas. La situación cambiará cuando este colectivo, a partir de 2030, se incorpore masivamente a la percepción de pensiones de jubilación.
El estudio sobre la 'Inmigración y la Economía Española (1996-2006)' revela que en el último lustro, del 3,1% del crecimiento medio anual del PIB español, el 1,6% lo explica la inmigración. De ellos, 0,4 puntos se deben a su impacto sobre la renta per cápita y 1,2 puntos al impacto sobre la población. El estudio explica que sin el fenómeno de la inmigración, el factor demográfico se hubiera reducido y la renta per cápita habría caído una décima de promedio anual a lo largo de la última década y dos décimas en los últimos cinco años. Así, de los 4,7 millones más de habitantes que tiene España desde 1996, 3,6 millones son inmigrantes, el 76,5% del total.
En cuanto a su impacto sobre el crecimiento económico, los inmigrantes han pasado de contribuir un 7% al crecimiento de la riqueza nacional (0,3 puntos sobre 4,1 puntos) entre 1996 y 2000 a casi un 40% en los últimos cinco años (1,2 puntos sobre 3,1 puntos).
El estudio de la Oficina Económica de Moncloa revela también que en la actualidad, los inmigrantes aportan 23.402 millones de euros a los ingresos públicos (según datos de 2005), lo que representa el 6,6% de la recaudación total, y reciben 18.618 millones de euros, apenas un 5,4% del total de gastos de las administraciones públicas.
CONTRIBUYENTES NETOS
De esta forma, la población extranjera es contribuyente neta a las arcas públicas por valor de 4.784 millones de euros, lo que representa prácticamente la mitad del superávit obtenido en 2005 por el conjunto de las administraciones públicas, que alcanzó el 1,1% del PIB. "En torno a la mitad del superávit total del año 2005 (9.933 millones de euros) se explica por la aportación directa de los inmigrantes a las arcas públicas", añade el estudio.
La clave, explica el Gobierno, radica en que los inmigrantes contribuyen, vía cotizaciones, en alrededor de 8.000 millones de euros (el 7,4% del total), mientras que sólo reciben 400 millones en pensiones (el 0,5% del total), dado que la mayoría de inmigrantes que trabajan en España aún no han llegado a la edad legal de jubilación.
En cuanto a la distribución de los ingresos fiscales por figuras tributarias, la población extranjera aporta el 3,2% de la recaudación total del IRPF (1.874 millones de euros en 2005), porcentaje escaso debido a que la población extranjera percibe un salario un 30% inferior a la media de los españoles, por lo que pagan menos a Hacienda por este concepto. En cambio, aportan el 6,8% del IVA (3.766 millones de euros en 2005) y el 8,3% de los Impuestos Especiales (1.877 millones de euros). Dentro de éstos, aportan el 6,5% del Impuesto de Matriculación (103 millones de euros). La contribución que realizan en el resto de figuras impositivas (Sociedades, impuestos patrimoniales o el IBI, entre otras), se ha realizado mediante una estimación, que eleva la aportación de los inmigrantes al 7,2% del total de estos ingresos (7.806 millones de euros).
Estos porcentajes por el lado de la recaudación contrastan con el gasto que originan en servicios públicos. En concreto, absorben el 4,6% del gasto total en Sanidad (2.265 millones de euros), el 6,6% de Educación (2.464 millones de euros) y el 4,4% de las políticas activas de empleo (575 millones de euros).
El Gobierno concluye que la aportación neta de la población extranjera todavía irá aumentando hasta el año 2012, pero a partir de entonces, empezará a reducirse debido fundamentalmente a las "altas" tasas de crecimiento del gasto en pensiones y sanidad de este colectivo, cuya edad media irá creciendo. El periodo más crítico será, según los cálculos gubernamentales, a partir del año 2030, momento en el cual los inmigrantes que hoy están trabajando, empezarán a jubilarse.
Finalmente, el estudio analiza cuál es el impacto de la inmigración en el déficit exterior de la economía española, que se situó en el 7,3% del PIB en 2005, y concluye que el 30% del mismo (2,1 puntos del PIB) se explica por la población extranjera, dado el envío de remesas, su menor propensión al ahorro y su patrón de consumo sesgado hacia los bienes duraderos, en su mayor parte importados.