MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Fernando Fernández de Sousa, hermano del ex presidente de Pescanova, ha desvelado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la multinacional pesquera, que está en concurso de acreedores y con una deuda de más de 3.000 millones de euros, ya tenía problemas de tesorería en 2012.
Fernando Fernández de Sousa ha subrayado en las más de dos horas de interrogatorio que en las reuniones del consejo de administración de octubre y noviembre de 2012 se acordó "por todo el consejo la desinversión de activos" de la firma, como la venta de salmón de Chile, la segunda inversión más grande de la pesquera tras la de Mira (Portugal), porque se preveía que no se podía atender al pago del crédito sindicado de marzo, según ha señalado el abogado de los accionistas afectados, Joaquín Yvancos a la salida de la Audiencia Nacional.
El hermano del ex presidente de Pescanova ha negado durante su interrogatorio cualquier implicación en el falseamiento de las cuentas de la compañía, ya que ha explicado que se había enterado de todo por la prensa cuando regresó a España tras sufrir un accidente en Quebec y que no había mantenido contacto telefónico con su hermano Manuel.
Para la acusación particular, la declaración de Fernando Fernández de Sousa demuestra que los problemas económicos de Pescanova "no eran del último mes o de enero" como alegó la compañía, ya que se remontarían a noviembre de 2012 o incluso a septiembre, cuando el consejo aprobó las cuentas del anterior semestre.
Al igual que hiciera ayer el exconsejero delegado Alfonso Paz-Andrade, el hermano del expresidente y miembro de la comisión de auditoría de la multinacional ha indicado que confiaba en el trabajo tanto del auditor externo (BDO) como del interno, porque los dos estaban presentes en las comisiones, por lo que si había algo malo en las cuentas lo debían de conocer las auditoras, según señalaron las mismas fuentes.
CORTA DECLARACIÓN DEL EX PRESIDENTE
Por su parte, el ex presidente de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa, que coincidió en la Audiencia con su hermano Fernando, ha declarado durante dos minutos en la sala, ya que se ha negado a responder sobre la sociedad ICS de la que es representante legal al señalar al juez Ruz que ya había tenido una extensa declaración sobre este sociedad el pasado martes.
Manuel Fernández de Sousa se ha ratificado en todo lo que había dicho en la declaración del pasado martes de cerca de 7 horas, asumiendo toda la responsabilidad de la familia en cuanto que él era el máximo accionista de ICS.
Sin embargo, el primero en declarar en esta jornada fue el exconsejero José Antonio Pérez-Nievas. A finales de septiembre, el juez Ruz rebajó la fianza que pesaba sobre el directivo, que dejó de ser imputado por el delito de falsedad continuada en documento mercantil.
De esta forma, Ruz le ha interrogado hoy por haber utilizado, presuntamente, información relevante para vender acciones de Pescanova antes de caer su cotización, ya que se desprendió de 110.000 acciones a un precio medio de 17,02 euros justo unos días antes de que Pescanova comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no podía formular las cuentas de 2012, que había un desfase patrimonial y se declarase en preconcurso de acreedores.
Pérez-Nievas ha justificado durante las tres horas de su declaración ante el juez la venta de sus acciones por valor de 1,8 millones de euros en los días previos a la declaración del concurso de acreedores de la pesquera y ha señalado que dio la orden de venta a las diez de la mañana, cuatro horas antes del inicio de la reunión del consejo.
El magistrado investiga el presunto falseamiento de las cuentas de la compañía, que entró en concurso de acreedores el pasado mes de abril. Imputa a su expresidente, seis consejeros y tres directivos por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante.
Manuel Fernández de Sousa se enfrenta además a una imputación por falsedad en documento mercantil. Pescanova se encuentra en quiebra técnica, con un agujero de más de 900 millones y una deuda de más de 3.000 millones.