PMcM denuncia el empeoramiento de los plazos de pago del sector público y el aumento de los impagados

Reclama un régimen sancionador que multe a las empresas morosas que han cobrado y no pagan

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y el aumento de los impagados en su último Informe sobre Morosidad.

Así, el estudio desprende que el plazo medio de pago a proveedores en 2019 aumentó de 68 a 70 días de media (+3,1%), alejándose de los 30 días que establece la ley.

El pasado año, el 65% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley, además de tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas.

Asimismo, el informe refleja que casi nueve de cada diez proveedores (86%) nunca o casi nunca exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, y el 94% no reclamó la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, que podría deberse más "al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento", dado que el 61% de los encuestados asegura conocer la legislación existente.

SECTOR PRIVADO Y RÉGIMEN SANCIONDOR

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha denunciado que el plazo medio del sector privado en 2019 siguió lejos de los 60 días que establece la ley, si bien se redujo "ligeramente" gracias a la mejora en los pagos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. Estas empresas pagaron a 73 días, ocho menos que la estimación de 2018, lo que supone un descenso del 9,9%.

Para el 60% de los encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas -con facturación superior a 50 millones de euros-. Preguntados por cuánto tardan en pagarles estas empresas, el 35% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal, tardando entre 60 y 90 días, mientras que el 46% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días).

Cañete ha recordado la urgencia de que se ponga en marcha un régimen sancionador que multe a las empresas morosas que han cobrado y no pagan y ha instado a los grupos políticos a que se pongan "manos a la obra, que ya tienen todo el trabajo hecho y el compromiso adquirido", refiriéndose a la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que quedó bloqueada en el Congreso a pesar de haber sido tomada en consideración por el Pleno de la Cámara por unanimidad.