El PP se quedará solo en defensa de la Ley de Estabilidad

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP se quedará previsiblemente solo en la defensa de la Ley de Estabilidad en el Pleno del Congreso de este jueves al no haber podido llegar a un acuerdo con los socialistas sobre el texto, que aunque no han presentado enmiendas de devolución tampoco se situarán junto a los 'populares' en el debate de las enmiendas presentadas por CiU, BNG, ERC e Izquierda Plural.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los contactos mantenidos entre los dos grupos mayoritarios para intentar acordar el texto normativo, que se deriva del acuerdo de reforma constitucional que ambos alcanzaron en agosto de 2011, no han fructificado, y a pocas horas del debate se descartaba ya la posibilidad de lograr un entendimiento.

En esta tesitura, los socialistas optarán por la abstención en la votación de las enmiendas de devolución y quedarán a la espera de la tramitación de las enmiendas parciales para intentar convencer al Gobierno de que respete el acuerdo inicial que limitaba el déficit estructural al 0,4 por ciento del PIB, cifra que ahora se reserva sólo para casos excepcionales o de reforma estructural, limitando al cero por ciento el déficit en el resto de situaciones.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

Por su parte, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), los nacionalistas catalanes de CiU y el Grupo Mixto a través de BNG y ERC sí han optado por la vía de la enmienda para pedir la devolución del texto al Gobierno.

Así, CiU justifica su postura en que el proyecto de ley "rompe" con el equilibrio de los tratados europeos que hablan de compaginar la estabilidad presupuestaria con el estimulo del crecimiento económico, y limita el margen de maniobra de las comunidades autónomas, por lo que reclaman para los gobiernos regionales la misma flexibilidad de deuda que la UE permite a los estados miembro.

Por su parte, la Izquierda Plural insiste en que las políticas del déficit cero se han demostrado inútiles para atajar la crisis económica pues "restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía asumiendo una función anticíclica y desarrollar el Estado social".

El argumento esgrimido por ERC para justificar su enmienda es que la normativa "pretende trasladar a las comunidades autónomas y corporaciones locales la austeridad en gasto social impuesta por los mercados y los líderes políticos neoliberales de las economías estatales más ricas de la UE" y que además "podría alargar aún más la recesión económica"; mientras que BNG alega que supone "renunciar al recurso del déficit como instrumento de política económica" y niega autonomía financiera a las comunidades a las que concibe como "una simple descentralización administrativa".

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El proyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo, y este jueves pasará su primer trámite en el Congreso, un día después de que se acabe el plazo también para la presentación de enmiendas parciales. Tras los debates correspondientes en la Cámara baja, pasará al Senado y luego volverá a la Carrera de San Jerónimo, donde será aprobado de forma definitiva.

Esta norma, que se deriva del acuerdo constitucional firmado por PP y PSOE, obliga a las administraciones públicas a mantener su deuda en un máximo equivalente al 60 por ciento del PIB y a tener déficit cero a partir del año 2020, excepto para las administraciones que estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria, que el límite se eleva al 0,4 por ciento.

Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

El proyecto de ley contempla asimismo la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, algo que las formaciones de izquierdas rechazan, y además obliga a todas las administraciones a aprobar un techo de gasto, similar al de la Administración Central, un punto de discrepancia con los nacionalistas.