Preferentistas pedirán la responsabilidad patrimonial de la CNMV y del Banco de España

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El bufete de abogados Jausas presentará la semana que viene una querella ante la Audiencia Nacional contra el antiguo consejo de administración de Caja Madrid, al que acusan de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas en la venta de participaciones preferentes.

Fuentes del bufete han explicado a Europa Press que en esta querella se pedirá la responsabilidad patrimonial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España por la falta del deber de vigilancia en el proceso de venta. La querella también irá dirigida contra los valoradores de las emisiones de preferentes, Analistas Financieros Internacionales (AFI) e Intermoney.

Según un informe de la CNMV, las cajas de Bankia crearon un perjuicio de 240 millones a cerca de 60.000 clientes de preferentes y deuda subordinada porque cruzaban compraventas de preferentes con sobreprecio y después no ofrecían información al usuario sobre su inversión.

Para Jordi Ruiz de Villa, socio que encabeza el departamento de Litigación Bancaria de Jausas, el informe de la CNMV ha sido "clave" para abrir la puerta a que los tenedores de participaciones preferentes obtengan una solución en la vía penal que, en su opinión, "es mejor que la civil porque es más factible pedir el embargo de la obra social de Caja Madrid, entre otros argumentos". Además, ha precisado que la vía civil se paraliza si se abre un procedimiento en la vía penal.

El anuncio de presentación de esta querella llega un día después de conocerse que el bufete Zunzunegui Abogados está preparando una demanda acumulada contra Bankia por 240 millones de euros por "manipular" el precio de las preferentes, al considerar que la entidad ha cobrado a sus clientes un "sobreprecio" en las compras de este producto.

En un comunicado, el bufete se remite a un informe emitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 11 de febrero de este año. "Se trata de una mala práctica generalizada que ha causado a los clientes un perjuicio calculado entre 206 y 285 millones de euros", estima.