MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El equipo de Solaria en Euskadi se ha reunido con representantes de más de 2.000 propietarios de terrenos y agricultores a los que alquilarán o comprarán sus tierras para desarrollar las distintas plantas solares fotovoltaicas planteadas en la región, y han mostrado "su orgullo por ser parte activa de la transición energética", informó el grupo de renovables.
En concreto, estos propietarios han mostrado su respaldo a que se desarrollen estos proyectos renovables "tan necesarios en el territorio" y han señalado que no entienden que se ataque a este sector, que lo único que hace es ofrecer energía limpia para las empresas vascas. "Energía renovable que necesitan para crecer y para quedarse en Euskadi", afirmaron.
Los propietarios, que han organizado una plataforma para defender el desarrollo de las energías renovables, se mostraron, asimismo, "muy preocupados por cumplir la transición energética". "Tenemos que poner los cimientos para que las principales empresas de Euskadi puedan desarrollarse, crecer y ser una alternativa real de empleo para nuestros hijos", aseguraron.
Solaria ya ha firmado acuerdos con más de 2.000 propietarios de suelo para el desarrollo de sus plantas fotovoltaicas en Euskadi y, en los próximos meses, firmará unos 2.000 más.
Por su parte, el grupo de renovables subrayó que "siempre se actúa de mutuo acuerdo con los agricultores o propietarios para hacer uso de los terrenos que ocuparán las plantas fotovoltaicas".
"Como no podría ser de otra manera, cada propietario es libre de decidir si quiere alquilar, vender o continuar con su actividad habitual", indicaron desde la compañía, destacando que es "importante señalar que las plantas son compatibles con otras actividades agrícolas o ganaderas, no se deberían imponer limitaciones al uso del suelo".
La compañía estimó que cada planta de 50 megavatios (MW) genera un beneficio de 49 millones de euros para las Administraciones Públicas durante los 30 años de vida útil de la planta.
En total, Solaria desembolsará un importe superior a 1.350 millones de euros en tributos forales y 220 millones de euros a los ayuntamientos. Tanto la Diputación Foral de Álava como los municipios podrán invertir estos ingresos en las comunidades locales para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del territorio.