Sacyr se desploma un 6,5% en Bolsa por una sentencia que le condena a pagar 141 millones de euros

La recurrirá aunque no estima un impacto significativo en sus cuentas

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Sacyr se hundieron este jueves un 6,5%, su mayor caída diaria en el último año, después de que un juzgado de Madrid le condenase, junto con ACS y Abertis, a pagar 141 millones de euros al fondo que se quedó con la deuda de dos de las nueve autopistas quebradas durante la crisis financiera.

Los títulos de la constructora y concesionaria reaccionaron inmediatamente a la baja tras publicarse poco antes 12.30 horas una sentencia en la que, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se obligaba a las tres compañías a un pago total de 450 millones de euros.

No obstante, en una conferencia con analistas posterior, el presidente y consejero delegado de Sacyr, Manuel Manrique, aseguraba que se recurrirá la sentencia ante instancias superiores y que, en cualquier caso, el impacto de esta no sería "significativo".

A primera hora de la mañana también publicó unos resultados trimestrales que arrojaban un beneficio de 60 millones de euros hasta septiembre, un 28% superiores respecto al mismo periodo del año pasado, así como un incremento del 19% en el resultado bruto de explotación (Ebitda).

La publicación de esto resultados no alteró significativamente la cotización en Bolsa, pero fue a las 12.30 cuando sus títulos se despeñaron, hasta cerrar la jornada a un precio de 2,32 euros, lo que supone una caída del 6,5%, la peor en un año y la séptima más alta desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020.

A parte del recurso que presentará, Sacyr confía en que el valor que el Gobierno le dé a estas dos carreteras (R-3 y R-5) sea positivo y el importe que entregue la Administración sirva para pagar la deuda que tiene la concesionaria (en la que Sacyr participa junto con Abertis y ACS) con los fondos de inversión.

No obstante, el Gobierno ya ha estimado que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que es el importe que debe pagar el Estado a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado, es de cero euros, aunque se trata de un importe provisional.