Los sindicatos, descontentos con la batería de medidas

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López, ha asegurado que el plan de acción anunciado por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados "no va a servir para generar empleo" y subrayó que las medidas adelantadas "no son nada nuevo" bien porque están "en trámite parlamentario o comprometidas".

En declaraciones a Europa Press Televisión, López lamentó que aspectos relacionados con la reforma laboral y la fiscalidad "sigan en la misma dinámica", por lo que sostuvo que los PGE de 2011 "no van a hacer que haya una recuperación económica" y sí van a suponer "un recorte en los derechos de los trabajadores".

Así, insistió en que lo que debería hacer el Gobierno es "incidir más en la inversión y en otra política fiscal, tener una mayor implicación contra el fraude, contra la economía sumergida, y recuperar determinados impuestos, como sucesiones o patrimonio".

"Los PGE no deben ir destinados a la reducción del gasto exclusivamente. No compartimos la retirada de los estímulos que se ha hecho precipitadamente en nuestro país y que no van a llevar a la recuperación", aseveró.

PENSIONES, ASEGURADAS "SIN NINGUNA DUDA"

La secretaria confederal de Empleo de CCOO también hizo alusión a la reforma del sistema de pensiones español, y subrayó que "sin ninguna duda" las pensiones en nuestro país están "aseguradas", motivo por el cual no es necesario ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años.

En este sentido, señaló que la situación de las pensiones en España "no tiene nada que ver" con otros países de la Unión Europea, y puso como ejemplo a Francia y Alemania, ambos países con edades de jubilación más tempranas que la española.

Así, pidió que en caso de producirse una reforma del sistema ésta se sea "puntual" y dentro del marco del Pacto de Toledo. "Lo que no puede hacer el Gobierno es generar tensiones sobre nuestro sistema de pensiones porque son absolutamente innecesarios y dar cabida a aquellos sectores que lo único que pretenden es hacer un sistema privado de pensiones en vez de un sistema público de las mismas", agregó.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Paloma López se refirió además a la reforma de las políticas activas de empleo, sobre las que demandó "una evaluación de impacto", ya que a su parecer en el conjunto del territorio español "no se sabe el recorrido de las personas que han aplicado estas políticas activas de empleo".

Paralelamente, criticó la cuantía presupuestaria destinada a este paquete de medidas --en torno a 7.400 millones de euros--, de los que, lamentó, 2400 millones son bonificaciones directas a los empresarios sin tener, en su opinión "una repercusión importante en el objetivo de crear empleo".

Por último, demandó una asignación presupuestaria "más amplia", ya que de media destinan 65 euros por persona desempleada. "Con esta dotación no se puede hacer ningún programa que conlleve la finalización con un puesto de trabajo", concluyó.

FERRER DENUNCIA EL DISCURSO "ANTISOCIAL" DE ZAPATERO

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha considerado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene su discurso "antisocial" con el nuevo paquete de medidas anunciado en el Congreso, que, a su juicio, "difícilmente" va a generar consenso.

"Zapatero continúa manteniendo una política económica y un discurso antisocial", afeó Ferrer al presidente en referencia al 'giro' del Gobierno con el ajuste presupuestario iniciado en mayo.

El 'número dos' de UGT también se ha mostrado especialmente crítico con la sucesión de plazos fijados por el Ejecutivo de cara a desarrollar las reformas pendientes, por lo que ha vuelto a lanzar una advertencia: "Si el Gobierno legisla mediante imposiciones, alimentará el conflicto social", afirmó en un comunicado.

En este sentido, Ferrer ha lamentado que "por primera vez" en Democracia, los interlocutores sociales cuentan con un ultimátum para reformar la negociación colectiva, al recordar que esta materia se diferencia por ser de carácter bilateral, esto es, entre sindicatos y empresarios.

Por último, ha insistido en que el conflicto social con las centrales permanecerá abierto mientras el Ejecutivo no dé marcha atrás a la reforma laboral, no retire la propuesta de retrasar la jubilación a los 67 años y cumpla los acuerdos firmados, en alusión al firmado para la Función Pública, que eludía una rebaja del sueldo de los funcionarios.