Supermercados piden la exención de impuestos para donaciones y las ayudas directas a afectados de la Dana

De los 226 que operan en la zona de la dana 88 resultan dañados y 39 pierden todos sus equipamientos, con daños valorados en 95 millones

VALENCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) han enviado a Gobierno y a las autoridades autonómicas una declaración en la que se recogen varias medidas para la recuperación de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia en la que proponen, entre otras cuestiones, la exención de impuestos (donaciones e IRPF) para las donaciones realizadas por las empresas a sus trabajadores o por los propios trabajadores a compañeros afectados y las ayudas directas a afectados y pequeño comercio.

El documento, remitido en concreto a los Ministerios de Presidencia, Economía y Comercio, Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Política Territorial y a las autoridades autonómicas, nace del análisis de la situación pasado un mes de la tragedia, según han informado ambas organizaciones en un comunicado.

Los efectos catastróficos de lo que se ha calificado como "el mayor desastre natural de la historia de España" hacen que las empresas de distribución pongan el foco, en primer lugar, en un llamamiento para que las cuatro administraciones del Estado (UE, estatal, autonómica y local) insistan en las medidas de atención "preferente y urgente" a los damnificados, incluyendo al comercio especializado.

"Necesitamos al pequeño comercio, con el que compartimos las calles y las plazas de las ciudades, los pueblos y los barrios afectados", afirman y se unen a sus representantes "para reclamar ayudas directas y urgentes para que los pequeños empresarios puedan retomar su actividad lo antes posible".

La declaración incluye un "compromiso para la acción" por parte de las empresas de Asucova y Asedas: "Nos sentimos unidos a todos los afectados y comprometidos a aliviar su dolor en todo lo que esté en nuestra mano". Por ello, todas las empresas han puesto en marcha planes de ayuda económica destinadas a sus numerosos trabajadores afectados.

Sin embargo, aseguran que se están enfrentando a una "grave inseguridad jurídica" ya que, hasta el momento, "no se ha aclarado por parte del Ministerio de Hacienda el régimen fiscal que va a ser de aplicación a las ayudas económicas o donaciones realizadas por las empresas a sus trabajadores o por los propios trabajadores a compañeros afectados".

La petición es que dichas aportaciones no solo estén exentas del impuesto de donaciones, sino también del IRPF. En caso contrario, "se podría dar la situación de que la ayuda fuera objeto de retención y de tributación, reduciendo de facto el volumen de la cuantía económica", han advertido.

El documento recoge también las cifras de los supermercados afectados: de 226 tiendas que operan en la zona, 88 han resultado dañadas y 39 registran la pérdida total de sus equipamientos, con daños estimados hasta el momento en unos 95 millones de euros.

A pesar de ello, "nos estamos esforzando para reabrir los supermercados y establecimientos mayoristas cuanto antes" y, además, desde el primer momento, "se han volcado en la prioridad de atender a la población afectada".

En este marco, las empresas defienden que "nuestros empresarios y trabajadores dieron un ejemplo de responsabilidad, profesionalidad y entrega" y expresan su "rechazo" hacia "ciertas críticas recibidas" que muestran "un profundo desconocimiento hacia nuestro sector, sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, y muestran una inquietante falta de empatía y sensibilidad hacia su labor social".

Las empresas piden que se empiece a trabajar "cuanto antes" en un protocolo de actuación ante situaciones de crisis provocadas por catástrofes, con líneas de acción "claras, seguras y fiables sobre cómo actuar ante cada amenaza". Este debería incluir, también, un liderazgo en la comunicación que evite episodios de compras de acopio, que son "innecesarias, ineficientes e insolidarias", así como "la difusión de bulos y la utilización de la información con fines diferentes al servicio público".