¿Qué es la 'tasa Google'?

MADRID, 05 Oct. (EDIZIONES) -

El proyecto de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ('tasa Google') se ha aprobado este miércoles en el Senado junto al del Impuesto sobre las Transacciones Financieras ('tasa Tobin'). La 'tasa Google' afectará a empresas que utilicen la publicidad dirigida y que facturen anualmente al menos 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones en España.

El Gobierno garantiza que las pymes no pagarán el impuesto y que protegerá al sector de las 'startups' y calcula que la recaudación con la 'tasa Google' será de 968 millones de euros, unos 232 millones menos de los previstos en 2018, debido a la ralentización de la economía y a la experiencia de otros países que ya lo han implementado (rebaja que realizó antes del inicio de la pandemia). 

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró (de nuevo, antes del inicio de la pandemia) que la norma tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o europeo y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre para dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.

El texto de la 'tasa Google' contempla su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La intención del Ejecutivo es que se empiece a aplicar el próximo 1 de enero y que la Ley de Presupuestos Generales del Estado pueda modificar el tipo impositivo y las exenciones de la tasa.

¿QUÉ GRAVARÁ Y QUÉ NO GRAVARÁ LA 'TASA GOOGLE'?

La publicidad dirigida clasifica a los clientes que utilizan las páginas webs teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Esa información personal, obtenida a través de las 'cookies' --información que se almacena en el navegador del usuario sobre las páginas webs visitadas--, se vende a otras empresas. El impuesto gravará el 3% de la venta de esos datos, así como de servicios de publicidad e intermediación en línea y la venta de metadatos.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros. Una enmienda al proyecto de ley durante su paso por el Congreso eliminó la obligación de crear un censo de las empresas a las que se les aplicará este nuevo impuesto. 

Montero ha señalado que la liquidación de este impuesto no se llevará a cabo "al menos hasta el 20 de diciembre de 2020" de manera excepcional para dar "margen" para que se logre un acuerdo internacional en el marco de la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 y un mayor tiempo de adaptación a las empresas. Además, la ministra portavoz ha señalado que, en el caso de que se de un acuerdo mundial, la legislación española se adaptará a él.

LA SITUACIÓN DE LA 'TASA GOOGLE' A NIVEL EUROPEO

La Comisión Europea fue la primera en proponer la creación de una tasa digital en marzo de 2018: la idea era aplicar un impuesto a nivel europeo que cubriese "las principales actividades digitales" por las que no se tributaba en la Unión Europea (UE) y reformar las leyes tributarias para empresas de tal manera que los negocios tuviesen que tributar por los beneficios allí donde desarrollasen "una interacción significativa" con sus usuarios a través de las redes sociales. En la reunión de marzo de 2019 del Ecofin, donde están presentes todos los ministros de Economía y Finanzas de la UE, se decidió paralizar la tasa digital al no haber unanimidad para aprobarla ante el rechazo frontal de los países nórdicos.

La OCDE optó en mayo de 2019 un plan de trabajo que buscaba intensificar las conversaciones para resolver "los desafíos tributarios provenientes de la digitalización de la economía" con una solución a largo plazo a finales de 2020.

Francia aprobó en julio de 2019 su propio impuesto digital: la tasa sobre los servicios digitales, conocida como 'tasa GAFA' por las iniciales de Google, Amazon, Facebook y Apple. El impuesto fija un gravamen del 3% sobre la facturación de aquellas empresas digitales cuyas ventas mundiales sean superiores a los 848 millones de dólares a nivel mundial y a los 28 millones de dólares en Francia. La aprobación de esta tasa desencadenó una escalada de tensión entre el país galo y EEUU, con amenazas por parte de la Administración estadounidense de imponer aranceles del 100% a productos franceses. El presidente galo, Emmanuel Macron, acordó con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, la paralización de la implantación de la 'tasa GAFA' y la retirada de los aranceles para dar margen a que se produzcan conversaciones en el seno de la OCDE para llegar a una solución global a la fiscalidad digital.

Ese mismo mes, el G7 --conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido-- decidió en su reunión de julio de 2019 apoyar en el seno de la OCDE la creación para finales de 2020 de un sistema que permita gravar aquellos modelos de negocio digitales sin presencia física en los mercados donde realizan sus actividades, así como de fijar un nivel mínimo impositivo para las empresas. El ministro de Asuntos Económicos francés, Bruno Le Maire, celebró el entendimiento con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, el mismo que luego ha amenazado en el Foro de Davos en enero de 2020 que aquellos países que implementen una tasa digital "podrían enfrentarse con los aranceles del presidente Trump".

OPOSICIÓN DE EEUU

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido que no se llame al nuevo impuesto 'tasa Google' porque su objetivo no es ir "contra una empresa específica", sino establecer un impuesto para garantizar que el valor añadido generado por las grandes multinacionales digitales se grava "donde se genera". Montero ha insistido en que "en ningún caso" habrá discriminación en función de nacionalidad o del tipo de empresa. Según Mnuchin señaló en Davos, interpreta las tasas digitales como "arbitrarias" y "discriminatorias" contra sus empresas.

EEUU inició una investigación a principios de verano a la UE y a otros nueve países que han aprobado o han planteado impuestos similares a la 'tasa Google': Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía, Reino Unido y España. A su vez, el país se retiró a principios de verano de la mesa de negociones de la OCDE y, a finales de julio, anunció aranceles por valor de 1.150 millones de euros para productos franceses en represalia por la 'tasa GAFA'. Bruselas ha respondido instando a Washington a continuar con las negociaciones y comunicando su intención de proponer un impuesto sobre las multinacionales digitales a nivel de la UE si no se logra un acuerdo en las negociaciones a nivel global.

España remitió junto con Francia, Italia y Reino Unido una carta a EEUU en respuesta a la ruptura de las negociaciones, donde reiteraba que mantendrá este impuesto digital y, según Montero, que si se alcanza un acuerdo en el marco de la OCDE, los países adaptarán su legislación a dicho consenso. 

El Gobierno español ha aplazado el pago del impuesto hasta finales de 2020 tras mantener conversaciones con EEUU, decisión similar a la que tomó el gobierno francés después de que la aprobación de la 'tasa GAFA'. Calviño ha matizado --al igual que lo hizo en su momento Francia-- que no se trata de una suspensión del gravamen, sino de un aplazamiento de la liquidación hasta finales de ejercicio.