El Tribunal Constitucional italiano tumba parte del impuesto especial a las energéticas

ROMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Italia ha declarado ilegal parte del impuesto que impuso en 2022 el Gobierno de Mario Draghi a las empresas energéticas, abriendo así ahora la vía a una 'guerra judicial' por las compañías para parte de su devolución.

En su fallo, el Tribunal Constitucional estima que, incluso "en materia tributaria y aun cuando, en momentos particulares, se trate de necesidades extraordinarias y preeminentes de la comunidad", el carácter excepcional del momento y la temporalidad del impuesto "no pueden considerarse una justificación para la introducción de ningún tipo de impuesto".

Así, declara la ilegitimidad del mismo artículo del gravamen pero sólo en la parte en que no excluye de la base imponible los impuestos especiales pagados al Estado e indicados en las facturas activas.

Según la sentencia, "no parece arbitrario que se haya identificado el fortísimo aumento de los precios de los productos energéticos en la situación económica excepcional" que se produjo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y el mercado específico en el que operaban las empresas energéticas.

En 2022, el ejecutivo dirigido por Draghi impuso un impuesto a las empresas del sector energético que permitió al Tesoro recaudar 2.800 millones de euros.

Este impuesto se destino a financiar medidas de ayuda para familias y empresas afectadas por los altos costes de la energía debido a la crisis energética por la invasión de Ucrania por Rusia.

El impuesto en Italia contaba con una tasa equivalente al 50% de los ingresos comerciales de 2022, al menos un 10% más que el ingreso promedio declarado entre 2018 y 2021.

En España, el Gobierno también aprobó un impuesto extraordinario para las energéticas y bancos con vigencia de dos años, para 2022 y 2023, a liquidar siempre en el ejercicio posterior.

Esta tasa, cuya prórroga más allá de finales de este año está en el aire, en 2023 representó un impacto de casi 1.400 millones de euros para las principales energéticas, que lo han recurrido.