MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril y en la prestación de servicios de tracción ferroviaria para el transporte de mercancías.
Según ha anunciado en un comunicado, entre los pasados días 24 y 27 de octubre, llevó a cabo distintas inspecciones en la sede de varios operadores del sector ferroviario español.
Se trata de una investigación preliminar, previa a la posible incoación formal a las empresas afectadas, por lo que el nombre de estas aún no ha trascendido. En cualquier caso, estas inspecciones no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad.
Sin embargo, el propio regulador ha afirmado que alguna de estas prácticas podría suponer un incumplimiento de la vigilancia derivada de una sanción de 65 millones de euros que la CNMC ya interpuso en 2017 a Renfe por haber realizado supuestas prácticas restrictivas contra la competencia en el tráfico de mercancías y haber abusado de su posición de mercado.
Renfe recurrió esta decisión y, en enero de 2023, el Tribunal Supremo admitió a trámite la cuestión que afectaba al fondo, a la negación de que incurriera en las actuaciones que se le achacan, después de que en febrero de 2022 rechazase un primer recurso sobre la cuestión de forma, es decir, rechazando que se le habían impuesto dos sanciones por la misma infracción.
La CNMC también interpuso en esa misma resolución una sanción de 10,5 millones de euros a Deutsche Bahn y a un grupo de empresas filiales de esta operadora pública alemana por ser partícipe de esta obstrucción a la competencia en España, alcanzando distintos acuerdos con Renfe.
El regulador también ha advertido de que estas nuevas posibles prácticas anticompetitivas en el sector podrían constituir una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 y 102 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La CNMC recuerda que los acuerdos entre competidores y las prácticas de abuso de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
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