La patronal de VTC Aseval celebra las recomendaciones de Bruselas para impulsar el sector en la Unión Europea

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid (Aseval), una de las patronales de los vehículos VTC, ha celebrado que la Comisión Europea se haya pronunciado sobre la regulación del sector para impulsar un nuevo tipo de movilidad en los distintos países europeos.

Bruselas se centra principalmente en una serie de medidas para fomentar que el transporte en taxi y en VTC (como el que presta por ejemplo Cabify o Uber), sea más sostenible y también contribuya a la descarbonización de la economía y a la reducción de emisiones.

Según recoge Aseval en un comunicado, la guía publicada por la Comisión recomienda suprimir normativas como la obligatoriedad de la vuelta a la base o las que impiden los viajes de regreso desde fuera de las áreas autorizadas, ya que esto iría en contra de los objetivos ambientales por aumentar los kilómetros recorridos sin pasajeros.

También pide eliminar barreras y requisitos que puedan perjudicar el acceso de los conductores a la profesión, como la precontratación o el tiempo mínimo de espera, los exámenes de lectura de mapas o la prohibición de uso de 'smartphones', requerimientos que la patronal considera "excesivos".

La Comisión sugiere cambios en el planteamiento de las exigencias de vehículos de lujo o con un tamaño o valor mínimo para conductores de VTC, fomentando en su lugar vehículos cero emisiones a través de apoyo financiero y administrativo.

Asimismo, insta a fomentar el 'carpooling' (compartir el coche) para reducir el número de viajes de vehículos en las ciudades e integrar el sector VTC y taxi en el transporte público y la movilidad activa, impulsando el Mobility as a Service (MaaS) y la multimovilidad.

La Comisión solicita así a los países una modificación de las normativas nacionales existentes para simplificar el acceso y el ejercicio de la profesión a los conductores de VTC, lo que para Aseval sugiere que las leyes de algunos países "podrían ser contrarias a la legislación de la UE".

"La disparidad de regulaciones en el caso de España ha provocado multitud de trabas para poder operar por parte de los operadores, así como una elevada inseguridad jurídica para las empresas y sus empleados", concluye la organización empresarial.