El Parlamento cántabro pide cambios en Ley de Cambio Climático para no perjudicar a negocios afectados por la Ley Costas

Este asunto vuelve a hacer discrepar a los dos socios y a provocar que el PRC se una a la oposición, dejando al PSOE solo en el 'no'

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento del Cantabria ha pedido este lunes, con el único voto en contra del PSOE, que de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se tramita en el Senado se supriman dos puntos del articulado sobre la duración de las concesiones porque "ponen en riesgo" a "cientos" de negocios y ganaderos afectados por la Ley de Costas.

Este asunto, que el PP ha llevado al Pleno a través de una proposición no de ley (PNL), ha vuelto a hacer discrepar en el voto a los dos socios de Gobierno --PRC y PSOE--, ya que los regionalistas se han unido a la oposición para sacar adelante esta iniciativa, mientras que el PSOE se ha quedado solo en el 'no'.

En esta PNL, que se ha aprobado solo un par de días antes del debate definitivo de la Ley de Cambio Climático en el Senado antes de volver al Congreso, se insta al Gobierno de Cantabria a solicitar a la Cámara Alta la eliminación de los puntos 18.3 y 18.4 del articulado del proyecto de ley.

La iniciativa ha sido defendida por el portavoz del PP, Íñigo Fernández, quien ha criticado que esta ley "vuelve a activar" un "problema" con las concesiones de dominio público marítimo-terrestre y sus plazos cuando, según ha dicho, es algo que "parecía resuelto" con la reforma de la Ley de Costas aprobada en 2013, durante el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy y solo por el "empecinamiento" de Teresa Ribera, ministra que --ha dicho Fernández irónico-- tiene "tanto cariño a Cantabria".

Para el PP, los artículos 18.3 y 18.4 pueden tener consecuencias para cientos de negocios de Cantabria (empresas, talleres, explotaciones ganaderas) que ejercen su actividad en superficies próximas al litoral habilitadas en su día mediante concesiones administrativas, ya que establece de nuevo una visión "muy restrictiva" de los plazos de las concesiones.

EL PSOE LO VE UN "DEBATE ESTÉRIL" Y "FALSO"

Por su parte, el diputado del PSOE Javier García-Oliva cree que el debate que, con su iniciativa, ha llevado el PP al Pleno es "estéril" y "falso" al estar "montado" en afirmaciones que "no se corresponden con la realidad".

Y es que, según ha dicho, la legislación básica del Estado en materia de concesiones, prórrogas y plazos es la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que establece que la duración de las concesiones "no podrá exceder los 75 años", un "plazo máximo improrrogable, incluidas las prórrogas", criterio que, según ha añadido, ha sido confirmado, al menos en tres ocasiones, por el Tribunal Supremo.

Frente a las críticas del PP a Ribera, García-Oliva ha insistido en que lo que establece la Ley de Cambio Climático en los puntos que se pide suprimir no es "ni un intento de acabar con la actividad económica" de la comunidad ni de "machacar a los cántabros, ni ninguna historia de esas", sino que "es una cuestión de aplicación de la legislación" aclarada además por el TS, en la que, por tanto, "no caben interpretaciones".

Por lo tanto, para el socialista "no hay caso" y ha instado al PP a que, si no está de acuerdo con ese plazo de 75 años, lo que hay que cambiar no es la Ley de Cambio Climático que está en tramitación, sino la Ley de Costas de 2013; la Ley de Aguas y, sobre todo, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que es la que establece esos plazos.

Tras escuchar a García-Oliva, desde el PP le han replicado que será un debate "estéril" para él pero no para los "cientos" de negocios que pueden peligrar.

Fernández ha acusado al socialista de haberse convertido en un diputado "especialista en justificar decisiones del Gobierno de España contra Cantabria", al que ha vuelto a reprochar no solo su postura en este asunto sino también la que tiene en el conflicto del lobo, favorable a incluir a esta especie en el LESPRE.

PASTOS

También ha salido adelante hoy en el Pleno, en este caso por unanimidad, una PNL del PRC que instaba al Gobierno de Cantabria a desarrollar una estrategia para la recuperación de pastos y conservación de bosques autóctonos dirigido a maximizar su aprovechamiento por el ganado en extensivo, contribuyendo así a aportar mayor viabilidad al sistema, al tiempo que se mejora la gestión del territorio, ambiental y demográfica.

Según los regionalistas, el objetivo de esta iniciativa es "poder situar al sector ganadero de Cantabria en condiciones favorables para optar en las mejores circunstancias a las ayudas que vienen de Europa".

Y es que, según se advierte en la PNL, al parecer en la futura Política Agrícola Común (PAC) parece que el otorgamiento de las subvenciones va a ir "ligado y condicionado por la base territorial que los ganaderos declaran", por lo que Cantabria "debe actuar con antelación suficiente para garantizar que el sector ganadero pueda poder disponer del mayor número posible de hectáreas admisibles que serán una fuente de ingresos" para éstos y para Cantabria.

Aunque todos los grupos han estado de acuerdo a la hora de votar a favor de la iniciativa, PP y Vox consideran que esta PNL del PRC responde a la "inacción" y "desidia" del Gobierno al respecto al pretender decir a la Consejería del ramo (Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) --dirigida por el también regionalista Guillermo Blanco-- lo que "debe hacer pero no hace".

Por su parte, el diputado del PP Pedro Gómez ha denunciado el "abandono" y "falta de planificación" por parte del Gobierno regional de los recursos naturales, como son los pastos, y ha reprochado al Ejecutivo su "inacción" ante los ataques del lobo a las ganaderías.

COCHES OFICIALES

Al contrario que en los dos puntos anteriores, el Pleno ha rechazado, con el 'no' de PRC, PSOE, PP y Cs, una moción de Vox que pedía que los miembros del Gobierno de Cantabria y altos cargos solo puedan hacer uso del coche oficial para desplazarse entre el puesto de trabajo y los actos oficiales y no en otros casos que no tengan que ver con su actividad pública y que correspondan a su vida privada.

Todos los grupos han tildado de "populista", "demagógica" la moción de Vox y han opinado que, con ella, Vox solo busca hacer "ruido", tener un "minuto de gloria" e intentar "arremeter" contra el Gobierno y "poner en duda la credibilidad" de sus miembros, creando o "dando pábulo a bulos" y lanzando "sospechas infundadas".

Además, PRC, PSOE, PP y Cs han coincidido en pedir a Vox que si tiene conocimiento de algún "abuso" o "uso irracional" que se esté haciendo por parte de los miembros del Gobierno regional lo "denuncien".

PRC y PSOE han recordado que ya existe una normativa específica sobre el uso del Parque Móvil de la Administración General de Cantabria, una normativa que, a juicio de Cs, es "mejorable" y apuesta por elaborar un nuevo decreto que sea "más completo", "más exhaustivo" y "adaptado a los nuevos tiempos".

En ese sentido, ha ido una enmienda de sustitución que ha presentado y en la que, entre otros puntos, pretendía instar al Ejecutivo elaborar un nuevo decreto en un máximo de 3 meses. También reclamaba que se estableciera un "catálogo exhaustivo" sobre el uso del coche oficial que deje "meridianamente claro" qué se puede hacer y qué no con él y, ademas, pedía que los vehículos que se adquieran sean ecológicos. Sin embargo, la enmienda de Cs no ha sido aceptada por Vox.

Desde Vox se ha asegurado que en la norma actual "no hay ningún elemento" que impida que los miembros del Gobierno usen su coche para ir a su domicilio, al gimnasio o de compras y ha asegurado que su iniciativa solo busca crear mayor seguridad jurídica.

Palacio ha avisado que Vox seguirá denunciando "cualquier error o disfución" en el ejercicio de la actividad pública.