MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El cambio climático tiene impactos sociales y económicos que agravan la desigualdad de género y ante los cuales el Gobierno no está respondiendo con urgencia y ambición que la situación declarada de emergencia climática requiere, por ello, el Estado debería ser condenado por "inacción climática". Así lo han defendido este miércoles ante el Tribunal Supremo los peritos de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam International en el juicio climático contra el Estado.
El litigio ha sido abierto tras la presentación de una demanda conjunta de las tres ONG este 2021 que consideran que el Gobierno está haciendo dejación de sus funciones ante el cambio climático. Los peritos han sido escuchados este miércoles por el Alto Tribunal al que han expuesto los informes científicos de cambio climático.
Los peritos convocados --pese a que la Abogacía del Estado se había opuesto a su comparecencia-- eran el catedrático de Ingeniería Ambiental y doctor en Ciencias Químicas, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), José María Baldasano, y la doctora en doctora en Ingeniería Agrónoma y profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid, Margarita Ruiz Ramos.
En declaraciones a los medios tras defender sus informes ante el Supremo, Baldasano ha explicado que se ha ratificado en el informe que han presentado las organizaciones ecologistas junto a la demanda, sobre los objetivos de reducción de emisiones y sus consecuentes impactos climáticos en España.
El científico, ganador de un diploma del IPCC por su contribución a que el organismo fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007, ha asegurado que el actual cambio climático, no es algo que vendrá en los años futuros, sino que ya está aquí. Así, considera que el tiempo para diferir las decisiones se ha acabado y que la política climática realizada por España en los últimos 25 años, "cuando no ha sido totalmente negacionista, ha pecado de poco ambiciosa".
"Este es un día importante", ha valorado el científico que ha precisado que los peritos se han ratificamos en las exigencias de la demanda: que España adopte compromisos más exigentes ya que en la actualidad se está "limitando al mínimo exigido por la Unión Europea".
"Estamos en una situación de emergencia climática como ha declarado el propio gobierno, por lo tanto hay que ser más activos, ambiciosos y rápidos tomando las decisiones", ha defendido Baldasano.
Por su parte, Ruiz Ramos ha celebrado haber tenido la oportunidad de explicar y aclarar los aspectos fundamentales del informe.
Así, ha indicado que el informe resume el conocimiento ya existente y que prueba que el cambio climático tiene sobre la brecha de género en España y por qué tiende a aumentar la desigualdad estructural que "ya existe, pero que se incrementa".
"La contribución al cambio climático de las mujeres es diferente. Los impactos son peores para ellas en la salud y la economía y esto contribuye a una desigualdad estructural", ha destacado.
Del conocimiento de esto por parte de la administración, ha argumentado que, de hecho, "todos estos aspectos" están recogidos en documentos públicos como la Estrategia española de cambio climático; la estrategia contra la pobreza energética o la declaración de la emergencia climática y ambiental.
Finalmente, la letrada de la demanda de las tres ONG ecologistas, Lorena Ruiz Huerta, ha celebrado la oportunidad "magnífica" de escuchar las recomendaciones de la comunidad científica que alertan de la "gravedad y urgencia" y de la "necesidad de que el Gobierno actúe ya".
Por último, ha expuesto que los peritos han detallado los impactos directos y la situación crítica que el cambio climático provocará en España y se ha ratificado en la necesidad de que el Gobierno incremente
"mucho más" el porcentaje de reducción de emisiones, hasta el 55 por ciento en 2030 porque opina que el 23 por ciento actualmente vigente es "claramente insuficiente".
Ruiz Huerta ha apuntado también como el alto tribunal ha escuchado como impacta "de manera decisiva" el cambio climático sobre las mujeres, "muy por encima" de los efectos en los hombres, lo que vulnera el artículo 14 de la Constitución Española.