65.000 firmas para pedir el fin de los recortes en Derechos Humanos

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Amnistía Internacional ha entregado este miércoles en el Palacio de la Moncloa 65.000 firmas de ciudadanos que exigen al Gobierno que ponga fin a "los recortes en Derechos Humanos", en una iniciativa que ha estado precedida de un recorrido por el centro de Madrid durante el que, megáfono en mano, los activistas de la organización han difundido algunos de los más de 1.400 mensajes de voz recogidos al respecto.

   Estas voces se han podido escuchar frente a los ministerios de Sanidad, Interior y Fomento así como a las puertas del Congreso de lis Diputados, donde se han difundido desde el vehículo mensajes en los que habitantes de más de 30 ciudades de todo el país dicen a los responsables políticos que "en tiempos de crisis hay que proteger los derechos de los más vulnerables, no recortarlos" o que "manifestarse pacíficamente no debería ser peligroso".

   Después, en el Palacio de la Moncloa han entregado las firmas con la consigna 'Hasta que nos escuchen, nos van a oír' para trasladar al Ejecutivo que "no se trata de recortes sociales, sino de de violaciones de derechos humanos y eso es algo inadmisible e innegociable".

   "Un gobierno no puede permitir que una persona se quede en la calle como consecuencia de un desalojo si no tiene medidas para proveerse de otra vivienda, que cientos de miles de personas vean en peligro su acceso a la atención sanitaria gratuita o que quienes estén en contra de las medidas que toma ese mismo Gobierno, no puedan manifestarse pacíficamente para protestar. Si lo permite, la crisis económica pasa a ser de derechos humanos", la directora adjunta de Amnistía Internacional en España, Eva Suárez-Llanos.

   La organización exige al Gobierno que adopte medidas como restaurar el derecho a la atención sanitaria a todas las personas con independencia de su situación administrativa, garantizar que los desalojos se llevan a cabo como último recurso y prohíba los forzosos, o desistir en su intención de limitar el derecho a la manifestación pacífica, entre otros.