Cáritas acoge con "satisfacción" la Ley de Vivienda pero la ve "insuficiente" para los más vulnerables

   MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Cáritas Española ha acogido "con satisfacción" la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, aunque lo ve "todavía insuficiente" para las familias más vulnerables.

   "'No tener un hogar es mucho más que estar sin Techo' ha sido uno de nuestros lemas de la Campaña Nadie Sin Hogar. La Ley por el derecho a la vivienda es, sin duda, un paso cualificado hacia ese logro, pero también menos seguro, profundo y potente del que esperábamos, en especial a la hora de proteger los derechos de las personas más vulnerables que hoy día se sienten sin esperanza, sumidas en ese 'pozo oscuro de la vivienda' del que es casi imposible salir", ha manifestado la labor social de la Iglesia en un comunicado.

   La confederación Cáritas, que ha estado trabajando a título particular y dentro de las diversas plataformas y redes estatales de la que es miembro, en propuestas para este proyecto de ley, cree que el ulterior desarrollo reglamentario y territorial de la ley será "muy complejo".

   "A partir de ahora, tenemos delante un marco legal con definiciones y fundamentos muy positivos para articular una posible política de vivienda pública que incorpore, de verdad, a los últimos y descartados de la sociedad", ha subrayado la experta de Cáritas en temas de vivienda, Sonia Olea.

   Además, ha advertido del "peligro de que este avance legislativo se quede sólo en principios y objetivos sin cumplir para la realidad diaria de cientos de miles de personas y familias que sufren el dolor espantoso de afrontar la pérdida de su hogar, de no tenerlo o de verse forzados a elegir entre costearlo, alimentarse o encender la luz".

   Entre los aspectos positivos de la ley, Cáritas pone de relieve que la norma contiene una de sus propuestas fundamentales: "La especificidad de la vivienda de emergencia dentro de la cartera de prestaciones básicas que, desde los distintos ámbitos territoriales, se encuentra a disposición de forma universal para las personas vulnerables".

   En concreto, el artículo 3 del proyecto de ley recoge que "podrá tener la consideración de vivienda social de emergencia aquella vivienda social que esté destinada a atender situaciones de emergencia, ofreciendo solución habitacional a corto plazo y de forma temporal, con carácter universal y hasta que se provea de una vivienda alternativa permanente, a personas y familias en situación de pérdida o imposibilidad para acceder a una vivienda adecuada, independientemente de las condiciones documentales y administrativas de las personas afectadas".

   También ha celebrado que, entre las novedades de esta ley, se contemple una definición de la situación de sinhogarismo incluyendo "no sólo a las personas y familias que viven en calle y sin vivienda, sino también a quienes lo hacen en asentamientos urbanos y rurales, en barrios vulnerables e infraviviendas, en chabolas construidas con materiales de desecho o que están a punto de ser desahuciadas de sus hogares".

   No obstante, Cáritas ha lamentado que la ley no afronta dos de las propuestas de la confederación sobre el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

   Con referencia a los desalojos forzosos sin alojamiento alternativo, si bien Cáritas valora "positivamente que se hayan hecho "algunas mejoras" respecto al juicio de proporcionalidad a realizar por la judicatura, considera que "estas resultan insuficientes, pues sigue sin incluir las medidas previstas en la Observación número 7 del Comité DESC, lo que no impide que se pueda desalojar a personas vulnerables mientras no haya un alojamiento alternativo".

   Además, con respecto a la titularidad pública permanente de la vivienda social, Cáritas considera que el texto aprobado por el Congreso "no ha conseguido profundizar en el desarrollo de las herramientas jurídicas con el objetivo de la recuperación y promoción de vivienda de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de alquiler (considerándola como equipamiento público y reservando, para ello, importantes porcentajes de suelo con uso dotacional)".

   A esto habría que añadir, según la confederación, la inclusión en estos parques de vivienda de escalas suficientes de vivienda social para personas y familias vulnerables, es decir, sin ingresos estables o con ingresos inferiores al mínimo establecido.