Colectivos sociales ven "inaceptable" la propuesta del Gobierno para la reforma de los créditos FAD y seguros CESCE

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Colectivos sociales que conforman la campaña por la abolición de la deuda externa, '¿Quién debe a quién?', denunciaron que la propuesta del Gobierno para la reforma de los créditos Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros por cuenta del Estado de CESCE es "inaceptable", ya que, según indicaron, "no se ha contado con la sociedad civil en su participación" y pone "en peligro la garantía de los derechos humanos".

Según apuntó la organización en un comunicado, y "tras casi dos años de incumplimientos" en los plazos de presentación de esta reforma, el Consejo de Ministros aprobó hoy la tramitación de las leyes de creación de dos nuevos instrumentos que vendrán a sustituir el antiguo FAD. Con los anteproyectos de ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) y de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización (FIEM), el Gobierno responde, "tarde y mal", a una "vieja" demanda de la sociedad civil.

Asimismo, señaló que las organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando los créditos FAD y los seguros CESCE como "mecanismos de generación de deudas ilegítimas", por lo que los anteproyectos de ley que se tramitarán hoy "no responden en absoluto a dicha denuncia".

Para el investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de esta campaña, Dani Gómez-Olivé, la "reforma no garantiza que no se siga generando deuda ilegítima, más bien al contrario, abre la puerta a otorgar créditos sin supervisión alguna". Al respecto, y según el Observatorio DESC, "el Gobierno incumpliría con los pactos internacionales de derechos humanos y con las recomendaciones de la OCDE, al permitir que se beneficien de fondos públicos empresas que no respetan los derechos humanos y mantener la ayuda ligada, especialmente en operaciones de ayuda humanitaria y de emergencia".

Por otro lado, y en relación a que esta "crisis global" afecta con "especial dureza a los países del Sur", la activista de '¿Quién debe a Quién? Gemma Tarafa, aseveró que "no se puede permitir que, para que las empresas españolas salgan de la crisis, se genere nueva deuda ilegítima", puesto que la recuperación de España "no puede basarse en un mayor empobrecimiento de los países del Sur".

Finalmente, a través de esta campaña exigen al Gobierno que, "con el objetivo de hacer respetar los derechos humanos, ambientales, económicos, culturales y sociales en los países del Sur", asegure que tanto en el proceso de tramitación y discusión de los proyectos de ley como en la futura gestión y seguimiento de los mecanismos generadores de deuda, se asegure la "transparencia y la participación real" de la sociedad civil.